Foment del Treball ha instado al Gobierno, a través de la CEOE, a explorar la vacunación obligatoria de los trabajadores para hacer prevalecer el interés general de la población. Esta petición se enmarca en el progresivo retorno a la presencialidad de los trabajadores y la evidencia sobre la seguridad y efectividad de las vacunas, según ha explicado la patronal.
La patronal se ha acogido a la vacunación como defensa para frenar el virus y poder recuperar los hábitos de la vida cotidiana anterior a la crisis sanitaria en los centros de trabajo. Con más de 6,4 billones de dosis contra el Covid-19 administradas en todo el mundo, Foment ha explicado que las inyecciones son necesarias para “hacer prevalecer el interés general y la seguridad sanitaria”.
Voluntad política
“Existen suficientes disposiciones legales que fundamentarían una decisión del Ministerio de Sanidad, solo es cuestión de voluntad política establecer la obligatoriedad de la vacuna”, han requerido desde Foment. De hecho, como ha sucedido en Francia con el personal sanitario, la patronal cree que “los gobiernos tienen derecho a imponerla para salvaguardar la salud del conjunto de la sociedad”.
Expertos jurídicos consultados por la patronal liderada por Josep Sánchez Llibre, han advertido que “por ahora, no existe la norma en nuestro ordenamiento jurídico que lo permita explícitamente”. No obstante, estas mismas fuentes han asegurado que “no habría ninguna dificultad porque excepcionalmente, el interés general relativo a la salud pública prevalecería sobre el particular”. Todo ello, junto a la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, que regula las excepciones respecto a la voluntariedad de los trabajadores, que permitiría este supuesto.
Obligación moral gubernamental
Foment ha remarcado que “los gobiernos tienen derecho a imponerla para salvaguardar la salud del conjunto de la sociedad”. Para ello, se han amparado en los datos de los resultados de la campaña de vacunación masiva --la mortalidad en las residencias de ancianos españolas ha descendido un 97% desde la introducción del fármaco contra el Covid-19-- que “avalan decisiones de políticas públicas que puedan contener las devastadoras consecuencias de la pandemia desde el punto de vista social y económico”, ha concluido la patronal.
Todas las empresas a lo largo de esta pandemia se han visto obligadas por las autoridades sanitarias a imponer, con carácter obligatorio, a sus trabajadores y clientes toda una serie de medidas de prevención del coronavirus. Todo ello con el objetivo de proteger la salud de sus empleados y terceros, para evitar contagios en los espacios de trabajo. “La vacunación es una obligación moral hacia los otros que tendría que conseguirse con el convencimiento, la información y la evidencia, pero si esto es insuficiente, el gobierno tendría la obligación de imponerla para salvaguardar el interés general”, han sentenciado desde Foment.