La crisis de Gobierno y la subida de la luz bloquean el pago por uso de las autovías

Precisamente, uno de los motivos de que este movimiento no se haya producido cabe encontrarlo en que Ábalos ha sido uno de los protagonistas de los cambios recientemente articulados en la composición del Gobierno. La otra razón principal está en el inesperado problema que se ha encontrado el Ejecutivo con la subida incontrolada del precio de la electricidad, acompañada de la registrada en los mercados de materias primas, que tiene un severo impacto en el bolsillo de los contribuyentes.

El plan de Sánchez

El levantamiento de las barreras conforme se produce el vencimiento de las concesiones fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno Sánchez nada más aterrizar en Moncloa, tras la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy. Al frente del Ministerio de Transportes, Ábalos acabó de un plumazo con los planes del anterior Ejecutivo para volver a vender las concesiones de última generación (lideradas por las radiales de Madrid), que quedaron en manos del Estado para su gestión y cuyos peajes fueron notablemente rebajados.

Además, el que fuera secretario de organización del PSOE también se puso manos a la obra para que el Estado pasara a asumir el control de aquellas concesiones con próximo vencimiento (en este caso de autovías tradicionales), con lo que descartaba su renovación. Un alivio para el bolsillo de los ciudadanos que, en realidad, no era tal. Porque el plan tenía su correspondiente continuación en la implantación del pago por uso generalizado de las carreteras de alta ocupación, independientemente de que fueran de última generación o de las tradicionales.

En vía muerta

La cuestión ya estaba en el debate político antes de la doble cita electoral de 2019; incluso se llegó a crear una subcomisión mixta Congreso-Senado para su estudio. El abrupto fin de la legislatura, debido a la falta de apoyo para los Presupuestos, y los citados comicios dejaron el asunto en suspenso. Después, la irrupción de la pandemia prolongó el estado de la cuestión.

Lo cierto es que, por unas razones y por otras, el proyecto está actualmente en vía muerta. Y así parece que va a seguir, al menos a corto-medio plazo. El Gobierno no se plantea ahora ni por asomo una decisión que supondría un nuevo impacto económico negativo para el bolsillo de los ciudadanos, muy castigado por diversos factores.

La subida de la luz

De todos ellos, el del recibo de la luz ha sido el más inesperado y, por ende, el que ha sorprendido al Ejecutivo, que no termina de encontrar la fórmula adecuada para paliarlo mientras crece el descontento ciudadano. Un sentimiento que empieza a tener su traslación a las encuestas, que actualmente reflejan un considerable desgaste para el Ejecutivo que, paradójicamente, no tuvo, al menos con tanta intensidad, la crisis generada por el coronavirus.

La situación derivada de la subida incontrolada de la luz afecta a los consumidores adscritos al mercado regulado, aproximadamente un 45% del total; y especialmente a pymes y autónomos, pequeños negocios que también han sido los más golpeados por el escenario económico negativo provocado por el Covid-19.

Mal momento político

En este escenario, plantear un sistema de pago generalizado por el uso de las autovías es considerado prácticamente como un suicidio por parte del Gobierno. Desde luego, no se encuentra entre las prioridades del nuevo gabinete que lidera Raquel Sánchez, que además se ha encontrado, de entrada, con un duro varapalo por la ruptura de las negociaciones con la Generalitat para la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, debido a las desavenencias con el Ejecutivo catalán y las luchas intestinas en el seno de este último.

Sin embargo, la cuestión no es baladí. La medida estaba encaminada a resolver el evidente déficit de mantenimiento que sufre la red de carreteras del Estado, que se incrementa año a año debido a que las partidas al respecto de los Presupuestos Generales del Estado no son suficientes siquiera para evitar que crezca. El caso de España es una excepción dentro de la Unión Europea en este capítulo. Apenas un 20% de las vías de alta ocupación son de pago, porcentaje que además se reduce conforme se levantan las barreras; en la mayoría de los socios europeos la cifra supera ampliamente el 80%.