Un testigo clave del caso sobornos que salpica a Mediapro en Estados Unidos ha acusado directamente a una filial estadounidense de Imagina, cabecera de la firma audiovisual catalana, de pagar un presunto soborno de 350.000 dólares (300.000 euros al cambio actual) a una cuenta bancaria de Panamá, considerado paraíso fiscal por la Unión Europea. A cambio, habría logrado derechos de retransmisiones deportivas.
Reynaldo Vázquez, que se ha declarado culpable de un delito de conspiración para extorsionar, ha contado con todo lujo de detalles y bajo juramento la implicación, siempre según él, que tuvo Media World, filial de Imagina, cabecera de Mediapro, en un esquema criminal para pagar mordidas a cambio de lograr derechos televisivos de fútbol.
"Transferencia a mi cuenta en Panamá"
Vázquez ha relatado a la juez Pamela K. Chen, que instruye el caso sobornos en EEUU, que recuerda el pago de Media World a una cuenta a su nombre en Citibank en Panamá. Según él, el dinero, los citados 350.000 dólares, los transfirió su "cómplice" de la filial de Imagina para pagar "derechos de marketing y retransmisión deportiva" de la selección nacional de El Salvador.
El acusado recibió el dinero y, tras ello, lo transfirió a "directivos" de Fesfut, la selección salvadoreña de fútbol, ha dicho. Pero es que hubo más, ha agregado. Media World le llegó a pagar "10.000 dólares (8.500 euros al cambio actual)" a una cuenta de la sociedad Mobilia SA, de la que él era administrador. Ese dinero estaba destinado a "inducir" la celebración de amistosos de la selección salvadoreña en Estados Unidos, ha precisado. Los movimientos, ha dicho Vázquez, "jamás fueron revelados a la Concacaf o a la Fifa".
"Obramos mal"
En una vista por videoconferencia en la que se ha declarado culpable de conspiración para extorsionar, Vázquez ha admitido que "lo que hicimos es incorrecto". Respecto a la participación de la filial de Imagina-Mediapro en la trama, el acusado no ha titubeado. "Estaba en contacto con ellos", ha indicado.
De hecho, Mediapro ya admitió que directivos de su filial estadounidense pagaron sobornos a cambio de derechos televisivos en Suramérica en 2020. Los situó en los 1,5 millones de dólares (1,27 millones de euros) y acabó pagando una multa de unos 21 millones de euros por su admisión de culpabilidad. Se desconoce si la acusación hecha hoy por Reynaldo Vázquez estaba en ese paquete de mordidas que, admitió Mediapro en 2020, pagaron algunos de sus exdirectivos en EEUU.
Segunda acusación
Lo factual es que la vista en la que Reynaldo Vázquez ha detallado de viva voz --por primera vez-- el pago de sobornos realizado por una filial de Mediapro es parte de un segundo procedimiento judicial instado por la Fiscalía. El ministerio público implica a Media World en una trama corrupta en Estados Unidos, como explicó este medio, lo que es una dimensión completamente nueva a la que comunica el grupo de Jaume Roures respecto al caso.
En esta ocasión, juez, fiscal, defensa y periodistas han podido escuchar en directo y bajo juramento como un ex alto cargo del fútbol suramericano admitía que conspiró con una filial de Imagina-Mediapro para sobornar a directivos y, así, lograr derechos televisivos o amistosos en Estados Unidos. Su declaración ante la juez da solidez a parte de la teoría de la fiscalía, que cree que la empresa formaba parte de una trama criminal. De hecho, Gerard Romy, cofundador de Mediapro con Jaume Roures y Tatxo Benet, está imputado en absentia en EEUU.
¿Y el pacto antiparaísos fiscales?
La pata del caso sobornos que afecta a Vázquez terminará en diciembre con la vista de la sentencia. Todo el resto lo deberá demostrar el fiscal ante unos acusados que podrán ejercer su legítimo derecho a la defensa. Lo dicho hoy por el acusado, no obstante, genera un nuevo problema reputacional para Imagina-Mediapro, que siempre ha circunscrito el caso sobornos a unas personas, una cuantía y un tiempo determinados.
En clave local, el grupo que dirige Jaume Roures desde la presidencia ejecutiva se mete en otro posible lío. Es contratista del Ayuntamiento de Barcelona, Administración local que ha prometido no trabajar con empresas que tengan "vínculos" con paraísos fiscales. Panamá, el país que utilizó presuntamente una filial de Mediapro para pagar sobornos, lo es, según la Unión Europea. Se desconoce si el gobierno municipal de Ada Colau romperá lazos con Mediapro, que le construye, por ejemplo, vivienda social por medio de la participada Coyoacan Invest SL.