El Govern forzó al máximo los mecanismos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para que avalara el fondo de rescate independentista que abonará las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos por los gastos de internacionalización del procés en Cataluña. La Generalitat forzó un aval exprés que esquivó los dictámenes jurídicos de fondo y la presentación de garantías por parte de los avalados.
Es lo que denuncian fuentes cercanas a la operación del Govern para ayudar a los expolíticos y ex altos cargos, que alertan de que la decisión "fue mucho más rápida que cualquier petición de aval convencional al ICF". Aseguran que no hubo dictámenes jurídicos internos y externos, y que no se pidieron garantías a los 34 encausados, "pues es lo que más tiempo retrasa una operación para avalar a una empresa o a un autónomo".
Aval 'exprés'
Todo ello no ha podido ser cotejado por Crónica Global, porque la Consejería de Economía y Finanzas no ha respondido a los requerimientos de este medio. Sí lo han hecho exdirectivos del ICF, que han alertado de que el apoyo al Fondo Complementario de Riesgos "puede ser legal, pero está al límite".
¿A qué se refieren? "El ICF es una agencia financiera muy procedimental. En operaciones complejas, como el aval a estas 34 personas, lo normal hubiera sido pedir informes jurídicos internos, externos o incluso de la consejería. No consta que los hubiera, pues no ha habido tiempo para elaborarlos", se quejan.
El secretario de la junta, clave
De hecho, el propio titular de Economía, Jaume Giró, informó esta semana que no implicaría al ICF en la operación para avalar a los investigados. Fue un día antes de rectificar y decir que sí lo haría. Previo a ello, la banca privada había dado la espalda a la operación financiera.
En este campo, el Govern dio un golpe de mano y situó al instituto de gestor y avalador, cuando antes se pensaba en que solo gestionara. "Les puso en primera línea", destacan exempleados del ente. ¿Es ello legal? "Sin informes jurídicos, la operación rechina, pero todo dependerá de si hubo aval jurídico del secretario no miembro de la junta de gobierno. Ese nombre es clave: el de Joan Roca Segarra, letrado de Roca Junyent e hijo de Miquel Roca. "Si se consultó al secretario y éste dio su sí verbal, la maniobra podría tener cobertura jurídica, pues se contempla que pueda ser así", deslizan.
Artur Mas y Oriol Junqueras están afectados por la causa del Tribunal de Cuentas, con el ICF como avalador para 29 de los 34 investigados / CG
¿Quién garantiza que lo devolverán?
Haya ocurrido ello o no, las voces consultadas enfatizan que, además de la falta de dictámenes jurídicos cruzados, no se han pedido garantías de protección de las finanzas del instituto. "El ICF opera sobre los principios de solvencia y capacidad de retorno de los avalados. No presta ni avala si no hay certeza de retorno. En el caso de los 34 ex altos cargos enjuiciados, ¿se comprobaron ambas cosas? No", advierten.
"El decreto ley [de creación del fondo de rescate] hace saltar todos los mecanismos del ICF", se quejan. ¿Se ha desprotegido a la financiera de la Generalitat de Cataluña? "El texto fija que si al final se les sentencia, tendrán que devolver los avales pero, ¿está comprobando alguien que los avalados tienen suficiente patrimonio para hacerlo? ¿Está vigilando alguien que no cometan alzamiento de bienes?", se preguntan.
La trampa: el artículo 5
Otras fuentes apuntan a una treta que da cobertura legal a los avales del ICF al fondo de rescate indepe que pagará al Tribunal de Cuentas. "El redactado del decreto ley [leer aquí] es muy ambiguo. Fija que los altos cargos que cubra el fondo tendrán que devolver las cuantías si un tribunal les condena en sentencia firme, pero ojo, porque el artículo 5 cita cuando hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales, estatales e internacionales".
"En otras palabras --continúan--, los 34 investigados no tendrán que devolver el dinero aunque sean condenados en España, pues el decreto ley establece que debe pronunciarse el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Tardará años en hacerlo, es una treta legal para ganar tiempo".
Opiniones dispares en el mercado
Esta ha sido la senda recorrida por el ICF en el último mes. El conseller Jaume Giró anunció la creación del fondo de rescate el 6 de julio y, menos de un mes después, y con las administraciones trabajando a medio gas y con cita previa, el ICF ya lo ha avalado. ¿Qué dice el mercado financiero? Hay opiniones encontradas. Desde los sindicatos alertan de que "es una operación altamente anómala, pues el mercado ya ha hablado: ningún banco quiso entrar en la operación por miedo al daño reputacional". Critican también desde la parte social que "se ponga en riesgo a la plantilla del ICF".
Por contra, fiscalistas consultados por este medio hacen hincapié en que el decreto ley de creación del fondo de rescate "ampara la operación", que es a la postre "un movimiento para que los encausados por el Tribunal de Cuentas ganen tiempo". Subrayan que "la solución a los 5,4 millones que pide resarcir al TC es polítíca" y sostienen que la operación del ICF y el Govern con su fondo "es segura, pues no hay contragarantía mejor que la que puede dar una Administración pública, que en este caso es la Generalitat de Cataluña".