La banca podrá repartir 4.500 millones en dividendos

En el caso de los principales bancos españoles, la artillería preparada ronda los 4.500 millones de euros que podrían comenzar a distribuir en los últimos meses de este año o bien ya iniciado el próximo ejercicio, con cargo a los resultados de 2021 que, además, estarán liberados, salvo contratiempo inesperado, de las ingentes provisiones que tuvieron que registrar en 2020 debido al Covid-19.

Recuerdo de la anterior crisis

Desde hace tiempo, la banca española se prepara para volver a remunerar a sus accionistas y no ha dudado en hacer públicos sus planes para cuando llegue el momento en que puedan volver a repartir un porcentaje de sus beneficios entre sus socios, pese a las continuas llamadas a la prudencia del organismo con sede en Fráncfort.

En estos meses tan complicados, el BCE ha mantenido una actitud especialmente vigilante con los supervisados para evitar situaciones como las que se produjeron en la anterior crisis financiera, cuando el colapso de un sistema financiero que estaba mucho menos saneado de lo que se pensaba puso en muchas dificultades a los Estados miembros, que tuvieron que salir al rescate de numerosas entidades financieras con vistas a proteger los depósitos de los clientes.

Reforzar la solvencia

Entre las primeras recomendaciones que emitió figuraron las restricciones tanto a los dividendos como a las remuneraciones variables, con el objetivo de que los bancos destinaran ese dinero a reforzar sus capitales, en previsión de un incremento de la morosidad que, al menos en el caso de España, no ha llegado a concretarse, aunque los expertos advierten de un posible repunte cuando terminen de vencer todas las moratorias.

A finales del pasado año, vista la evolución en el control de la pandemia y las perspectivas económicas, además de la efectividad de las medidas que había adquirido la banca, el BCE decidió abrir algo la mano y permitió volver al reparto de dividendos, pero con un límite del 15% de los beneficios.

Fusiones

Una decisión que fue considerada demasiado tímida por el sector, que en su mayor parte optó por esperar a que las restricciones desaparecieran de manera definitiva para retomar sus planes para remunerar al accionista.

Cabe señalar que en este periodo se han llevado a cabo dos grandes fusiones en España, las de Caixabank y Bankia; y Unicaja y Liberbank, que han seguido así la senda marcada por el BCE y su fervorosa recomendación de dar pasos hacia la consolidación del sector.

Planes definidos

Precisamente, el nuevo Caixabank supeditó su decisión sobre los dividendos al desarrollo de la fusión, y cuando esta fue culminada, mantuvo su planteamiento de aplicar una política de dividendos basada en el reparto de un 30% del resultado, a la espera de que se levante definitivamente la restricción.

Mientras, otras entidades también han comunicado al mercado sus planes al respecto. Sin ir más lejos, el Santander pretende retomar su habitual estrategia, consistente en la distribución de entre un 40% y un 50% del beneficio entre sus socios.

Ana Botín, presidenta del Santander / EP

Recompra de títulos

También un 40% es la cifra que maneja BBVA para fijar su pay-out una vez se elimine el veto, aunque en su caso llevará a cabo un potente programa de recompra de acciones, de hasta el 10% del capital, aprovechando el exceso de capital que le ha proporcionado la venta de buena parte de su negocio en EEUU.

Este jueves, fue Bankinter el que ratificó su planteamiento en torno al dividendo, que incluye la intención de destinar el 50% del resultado a esta medida.

Repercusiones

“No esperamos otra cosa diferente a que el BCE nos permita dar de nuevo dividendos, somos una entidad saneada y muy solvente y nos hemos ganado el derecho a poder hacerlo”, aseguró al respecto la consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, tras presentar los resultados semestrales del banco ante los medios de comunicación.

Es, en realidad, una opinión generalizada en el sector, en el que lamentan que estos meses sin dividendo han supuesto que parte de los inversores institucionales hayan decidido deshacer posiciones en los bancos ante la ausencia de este elemento.