Galán recuerda a la Audiencia Nacional que nunca presidió Iberdrola Renovables

La defensa del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha defendido de nuevo ante el juez que no ocupaba ningún cargo ni tenía ascendencia directa sobre la cúpula de Iberdrola Renovables Energía, la filial del grupo que contrató a la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo. Lo hace en un nuevo recurso de apelación que ha sido presentado ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

El escrito, al que ha tenido acceso Crónica Global, recuerda que la contratación mercantil se realizó en un primer momento a finales de 2011. Se recurrió de nuevo a la red de información presuntamente ilegal vinculada al expolicía a partir de 2014 para investigar la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario, Chrisopher Kaap. Además de información sobre la organización mercantil, se intentaron localizar todos los bienes que controlaba la firma.

Papel de Del Olmo

La Audiencia Nacional incluyen estos trabajos en el denominado caso Villarejo. Concretamente, en la pieza separada sobre la energética y en la que está imputada el presidente de la cotizada. Sánchez Galán siempre ha defendido que no tenía conocimiento de la contratación de los servicios del excomisario y ahora remarca que estos se hicieron no con la cotizada que gestiona, sino desde una de las filiales que cuenta con una estructura organizativa propia.

Quién sí que tenía información sobre los pagos a Cenyt, porque los autorizó, fue el excontroller de la energética, José Antonio Del Olmo Ruiz. De hecho, la causa parte de los documentos que este puso a recaudo de un notario en el momento de los pagos y que son la base de la acusación de Sánchez Galán. Con todo, su papel en la causa es controvertido y también objeto del citado recurso de apelación.

Delito de cohecho vigente

El instructor le considera un “testigo clave” de la pieza separada, mientras que la defensa del ejecutivo remarca que está imputado por un presunto delito de cohecho. “Este status procesal le fue asignado por su presunta participación en un delito de cohecho, según se razona en dicha resolución [auto de 23.11.2020], lo cual, por lo demás, quedó firme”, señala el escrito.

Se indica que esta condición “no se ha visto alterada con anterioridad” ya que “el sobreseimiento libre decretado respecto de aquél lo es en relación con un delito de falsedad, nada tiene que ver con el delito de cohecho motivador de su imputación en la causa, a instancias de la Fiscalía”.

Declaraciones que se deben corroborar

La defensa del presidente de Iberdrola reconoce que el estar imputado permitió al excontroller “no responder a las preguntas de las partes procesales distintas de la Fiscalía en su siguiente comparecencia ante el Instructor, pero también comporta algunas hipotecas”. La que resulta clave en esta causa es la “limitación del alcance probatorio de su testimonio, precisado siempre de corroboración, en cuanto carente de la objetividad e imparcialidad predicables del testigo”.

Por todo ello, se solicita que se tenga en cuenta a la hora de buscar los culpables de haber contratado a Villarejo, cuyas prácticas para obtener información estarían al margen de la ley, desde la energética.