El polémico control del precio de los alquileres en Cataluña será analizado en el Tribunal Constitucional. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos (PSOE), ha anunciado que el Gobierno recurrirá una normativa que se ha empezado a aplicar pero que ni siquiera cuenta con el apoyo del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Con todo, el paso del Ejecutivo central no impedirá que el mercado de arrendamiento catalán se vuelva a basar en la ley de la oferta y la demanda.

El socialista ha avanzado que no se pedirá la suspensión cautelar de la norma. Asegura que es otro “gesto” enmarcado en el clima de distensión del conflicto político independentista, hecho que ya ha levantado polvareda en el sector.

Informe del Consejo de Garantías Estatutarias

Ábalos ha manifestado desde la sede del PSOE en Madrid que es “muy difícil” evitar el recurso si se tiene en cuenta lo que dijeron los garantes del Estatuto de Autonomía catalán. “Con ese informe, es imposible no recurrir”, ha zanjado, “la anticonstitucionalidad es tan evidente” que el Ejecutivo “no puede pasar por alto” la aplicación de esta norma.

El ministro ha defendido que garantizar el derecho a la vivienda y su función social, el objetivo principal de la normativa autonómica, “pasa por hacerlo de acuerdo con la ley, no al margen de la ley”. Además, ha recordado que está en marcha el debate sobre la definición de una normativa de vivienda estatal que marcará las líneas maestras para que cada una de las comunidades puedan adaptarla a sus necesidades locales.  

Seguridad jurídica

“Tenemos que plantear un proyecto que garantice la seguridad jurídica, que no sea cuestionable, que no se exponga a ser recurrido por cualquiera”, ha manifestado. Cabe recordar que los principales agentes económicos del sector ya advirtieron en el momento de su aprobación que la normativa catalana tenía poco recorrido al vulnerar competencias básicas.

También ha respondido a los que acusan al Gobierno de ponerse al lado de los “especuladores”. Grupos vinculados tanto a la extrema izquierda como a sus socios de la legislatura, Podemos, quienes defienden la tesis política que todos los negocios relacionados con el mercado de la vivienda son mera especulación y requieren de una intervención de lo público. Una aseveración que ha tenido aceptación social, ya que existe un problema de vivienda en grandes ciudades de España como Barcelona y Madrid, donde el precio de un inmueble es inasumible para la mayoría de los bolsillos. Especialmente por las clases medias, incluso medias-altas.

“Es muy fácil decir que uno se pone de lado de los especuladores, es muy temerario a decir eso cuando uno pretende consolidar un derecho y no algo tan frágil como lo que se plantea”, ha sentenciado.

Tensión entre PSOE y Podemos

La decisión de recurrir la ley catalana del alquiler ha sido otro frente entre los dos partidos en el Gobierno. Unidas Podemos se había negado a dar el paso y se unió a una concentración en contra de la medida junto a ERC, EH-Bildu, JxCat, la CUP, Más País-Equo y Compromís.

Con todo, finalmente se ha impuesto el criterio del PSOE. La normativa comunitaria tiene pocas posibilidades de perdurar en el tiempo.