Bruselas salva a las eléctricas de un hachazo inmediato

El sector eléctrico ha visto confirmada en todos sus extremos la decisión del Gobierno de iniciar los trámites para eliminar las retribuciones que hasta ahora perciben las compañías por la generación de electricidad a través de tecnologías tradicionales, como la nuclear y la hidroeléctrica. Un hachazo valorado por el propio Ejecutivo en unos 1.000 millones que, sin embargo, aún tardará en hacerse efectivo, contra la voluntad de la Moncloa, que pretendía que la medida fuera inmediata. Pero los planes se vieron frenados por la Comisión Europea.

Esta medida le corre bastante prisa al Gobierno. Supone un golpe de efecto para tratar de frenar la escalada alcista de los precios de la electricidad, que parece haber entrado en una espiral incontrolable. La tendencia amenaza con provocar notables subidas en el recibo de la luz para los cerca de 10 millones de usuarios que cuentan con tarifa regulada y, además, con echar por tierra otra de las medidas para tratar de bajar los precios, como es el nuevo esquema de tarificación por franjas horarias.

Movido por la urgencia

Tras un mayo histórico desde el punto de vista de la inflación eléctrica, con alzas de precios próximas al 45%, el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto y hacerlo con efecto inmediato con el empleo de la vía del decreto, como ha hecho en múltiples oportunidades desde que se inició la crisis del coronavirus, con el argumento de la urgencia exigida por la pandemia.

Sin embargo, en esta ocasión el Ministerio de Transición Ecológica ha optado por recurrir al conducto ordinario y llevar a cabo una tramitación ordenada. De ahí que el primer paso dado este martes por el Consejo de Ministros haya sido la aprobación de un anteproyecto de Ley, con el que comenzará a trabajar el Parlamento en los próximos días.

Advertencia desde Bruselas

Detrás de esta decisión se encuentran los diversos toques de atención recibidos por el Gobierno español por parte de la Comisión Europea por el empleo del decreto para sacar adelante determinadas medidas, especialmente de carácter económico, que el Ejecutivo comunitario considera excesivo.

Las advertencias llegadas desde Bruselas parecen haber hecho efecto en el seno de la Moncloa, que prefiere reservar el recurso del decreto para cuestiones incluso de mayor urgencia. Con todo, el clima generado en torno a los precios de la electricidad produce una notable inquietud en el Consejo de Ministros.

De aquellas críticas...

El Gobierno ya vivió una episodio de tensión el pasado enero, cuando el fuerte incremento de la demanda provocado por la tormenta Filomena disparó el coste del recibo y sorprendió a muchos ciudadanos en una situación de dificultad debido al entorno de la crisis económica derivada del Covid.

Por entonces, la oposición recordó en numerosas ocasiones las críticas vertidas contra el Gobierno liderado por entonces por Mariano Rajoy por el hoy presidente, Pedro Sánchez, cuando se registraban este tipo de tensiones en el mercado eléctrico.

¿Un verano de récord?

En esta ocasión, la jugada se repite, con el agravante para Moncloa de que no se dan circunstancias meteorológicas que lo justifiquen y que la subida de las temperaturas que se registra en la mayor parte del país en estos días conduce a un incremento de la demanda que puede hacer que la situación sea aún más insostenible cuando llegue el verano.

De ahí que la intención del Gobierno fuera actuar con la máxima rapidez posible y, en este punto, se ha topado con la vigilancia de la Comisión Europea.

4.200 millones esfumados en bolsa

Así pues, las compañías más penalizadas por esta medida, que pretende acabar con los llamados “beneficios caídos del cielo”, especialmente Endesa e Iberdrola, cuentan con un margen más amplio para reaccionar. Con todo, lo que no han podido evitar ha sido el castigo bursátil de las últimas dos sesiones, en las que sus capitalizaciones han descendido de manera conjunta algo más de 4.200 millones de euros.

El sector desmiente que se dé un caso de sobrerretribución en este tipo de centrales. Defiende que si bien el coste inicial puede estar amortizado, no así las cuantiosas inversiones que han tenido que llevar a cabo en los últimos años para cumplir con los estándares de seguridad y con los requisitos de la creciente regulación.