Un plan ambicioso y que "esta vez" se cumpla de forma escrupulosa. No se puede perder más tiempo. Y lo que "no se puede repetir es que la ayuda a una sola empresa se lleve hasta casi el 30% de las ayudas del Govern a la reactivación industrial". Eso ha ocurrido con las ayudas al Grupo DiR, “y eso no es ayuda a la industria”, lamentan. Los agentes sociales y económicos exigen que el nuevo Govern que preside Pere Aragonès tenga como máxima prioridad un plan de reindustrialización que se pueda encauzar dentro de un marco de colaboración y con recursos abundantes y suficientes a partir de los fondos europeos. Y que no se “mienta más” ni se incumplan los compromisos adquiridos con el Plan Nacional por la Industria de 2017.
Es la posición de la UGT, de CCOO y de las patronales Pimec y Foment. Aunque el acento se sitúa en diferentes ámbitos, el denominador común es la petición de un plan industrial del cual el Govern se ha vanagloriado en su cumplimiento en los últimos años, pero mezclando conceptos y sin ningún liderazgo y, de hecho, falseando la realidad. El ahora saliente consejero de Empresa, Ramon Tremosa, señalaba justo antes de dejar el cargo que el plan de 2017 se había cumplido hasta en un 90,9%, hasta alcanzar los 1.668 millones de euros. En cambio, los agentes sociales y económicos constataron que el ámbito de la industria 4.0 o en el capítulo de la digitalización, que ahora serán determinantes para recibir los fondos europeos, el porcentaje de cumplimiento no llegaba al 60%, mientras que era más bajo, del 46,7%, en infraestructuras y energía. Ese plan se debería renovar en 2020. Pero en el último año, y también debido a la pandemia del Covid, el Govern no lo ha activado.
Marco institucional para la industria
El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre señala que se debe impulsar un “pacto de país” con todos los agentes sociales y económicos, pero también con los grupos parlamentarios. Lo que defiende Foment es un plan en el que se incluya el pacto por la reindustrialización, pero también un paquete de medidas que van desde la política fiscal a la apuesta sin fisuras por infraestructuras como la ampliación de la tercera pista del aeropuerto del Prat.
Esa posición cobra una terminología distinta en el caso de la UGT, pero con el mismo objetivo. Su secretario general, Camil Ros, valora como un hecho “muy positivo” que el Govern de Aragonès haya unificado el departamento de Empresa y Trabajo, que dirigirá el republicano Roger Torrent, sin ninguna experiencia en la materia, pero con la idea de ofrecer un marco “institucional” que deje claro que será una prioridad absoluta del gobierno catalán.
Aumentar la productividad
El sindicato UGT sostiene que el Govern debe “impulsar un nuevo Pacto Nacional por la Industria acordado dentro del diálogo social en el Consejo Catalán de Empresa que cuente con la dotación presupuestaria suficiente para asegurarse su desarrollo”. Y se reitera la apuesta por un marco catalán de “relaciones laborales y un diálogo social permanente y efectivo”.
Es la misma posición de CCOO, que, tras la reelección de Javier Pacheco como secretario general, ha advertido al Govern de Aragonès de que estará “enfrente” si no se produce un cambio drástico en las prioridades del Ejecutivo. Porque ese plan por la industria debería centrarse, a juicio de la patronal Pimec que preside Antoni Cañete, en la “digitalización, la industria 4.0 y la inteligencia artificial” para aumentar la productividad de la economía catalana, que es una de las grandes asignaturas pendientes.
El sector industrial ha perdido 18.937 empresas desde 2001, y contaba –hasta comprobar el efecto final de la pandemia del Covid—con 36.195 compañías industriales, de las que el 99,3% son pymes.
¿Campeones nacionales?
Lo que los agentes sociales y económicos plantean es que la administración sea cómplice y ayude a dar el salto que exige la nueva situación tras la pandemia. Es la posición que fija la Cámara de Comercio de Barcelona, que dispone de un servicio de estudios sólido, más allá de que la institución haya sido presidida en los dos últimos años por el independentista Joan Canadell, y ahora por Mònica Roca. Lo que se pide es “un programa específico de transición a la industria 4.0 a todos los sectores que promuevan el uso de técnicas avanzadas de producción, conjuntamente con los nuevos servicios tecnológicos derivados de la inteligencia artificial y el Big Data”.
Sin embargo, a diferencia de Foment, que reclama una mayor acción por parte de las grandes empresas, para que desarrollen una labor de tracción, lo que señala la Cámara de Comercio es que se “eviten” políticas encaminadas a promover los “campeones nacionales”, al entender que las empresas “deben crecer en base a su capacidad de innovación”.
Minimizar el impacto negativo para los trabajadores
En todos esos proyectos el papel del departamento que dirigirá Roger Torrent será esencial, pero también Economía, con el consejero Jaume Giró, responsable de ofrecer las partidas económicas en el presupuesto para ese pacto por la “reindustrialización”.
UGT considera que también se deberá atender a todos aquellos trabajadores que se van perjudicados por ese salto hacia una industria 4.0. Y señala que se deberá “incrementar las inversiones en sectores económicos y emergentes estratégicos, en tecnología sostenible, en digitalización que tenga en cuenta y minimice el impacto negativo sobre el empleo, en investigación y proyectos innovadores (R+D+I) así como en la reconversión de sectores y de sus trabajadores”.
Por ello, tanto patronales como sindicatos y también la Cámara de Comercio consideran que, al margen de quien se haya elegido como responsable, era oportuno y necesario que Empresa y Trabajo se unificaran en un solo departamento.
"No más demoras"
Lo que ocurre ahora, a diferencia de otros momentos, es que la colaboración entre sindicatos y patronales ha sido estrecha en todo este año, con una coincidencia total en el diagnóstico en la denuncia de que el Govern “ha estado ausente”, en palabras de Pacheco. CCOO, sin embargo, sí ha apuntado a las patronales para que no tengan la tentación de ejercer “como lobis” a favor de determinados objetivos, dejando de lado una visión más global, a favor de la concertación social.
Tanto Torrent, al frente de Empresa y Trabajo, como Giró en Economía, tendrán ahora a los interlocutores sociales y económicos delante. “No puede haber más demoras”, señalan fuentes empresariales.