Un proyecto que se ha acariciado durante años por la izquierda independentista. El Institut Català de Finances (ICF) ha iniciado los trámites para lograr una licencia bancaria que le permita operar como “una banca pública en Cataluña”. La medida, publicada ya en el DOGC, persigue el objetivo de que la entidad “impulse la financiación y la inversión del tejido productivo para potenciar el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad de la economía catalana".

Ese fue uno de los compromisos que adquirió Esquerra Republicana con la CUP, un acuerdo que se alcanzó antes de que los republicanos negociaran la investidura de Pere Aragonès con Junts per Catalunya. Y sin que el titular de Economía, Jaume Giró, haya tenido tiempo de analizar la propuesta, el Govern ha iniciado los pasos de inmediato.

Gobernanza interna

La obtención de la licencia bancaria era un requisito previo, y es, de hecho, un objetivo estratégico de la entidad desde hace años. En la última década, como el propio ICF señala, se ha adaptado la gobernanza y las normativas internas para “cumplir con la regulación de las entidades de crédito”. El ICF añade que, “desde un punto de vista técnico”, el instituto ya cumple “con los requisitos necesarios para poder dar este paso adelante”.

Institut Català de Finances (ICF) / CG

En el caso de la ficha bancaria, la petición ya se formuló al Banco de España a finales de marzo. Y se considera que el proceso podría alargarse hasta unos 12 meses, por lo que no se espera una respuesta concreta hasta, por lo menos, marzo de 2022.

El DOGC publica el acuerdo de gobierno por el que se autoriza al ICF a “constituir la sociedad ‘ICF Banco, entidad de crédito SAU’”, siempre que “se obtengan” todas las "autorizaciones administrativas que sean necesarias, y aprueba sus estatutos”.

Llegar a más empresas

¿Para qué esa ficha bancaria? El ICF considera que es el impulso que necesita para “tener más capacidad para actuar como banca pública de desarrollo, llegando a más empresas, y poniendo en marcha nuevos productos y mejorando las condiciones”.

El papel del ICF, con actuaciones polémicas a lo largo de su trayectoria, ha sido el de ejercer como complemento del sector privado, con préstamos, garantías e inversión en capital riesgo. Desde 2014, es miembro de la Asociación Europea de Bancos Públicos (EAPB).