La sociedad civil pedirá la ampliación de El Prat en un acto en Esade

La sociedad civil catalana reclamará la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Los 35 agentes económicos con más peso de Barcelona y Cataluña pedirán que se acometa la inversión de 1.700 millones en la instalación aérea. Será en un acto en la escuela de negocios Esade de la Ciudad Condal el 2 de junio. 

Según ha informado Efe, entre las instituciones que han confirmado su asistencia al acto empresarial están la Cámara de Comercio de Barcelona, el Círculo de Economía, el Círculo Ecuestre, el Racc o la Mobile World Capital. Representantes de estas entidades se reunieron ayer con la patronal Foment del Treball y resolvieron plantear su demanda con un gran acto, ha informado el ente empresarial. También participará el exconsejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell. 

"Consenso" de las administraciones

Los participantes en el acto de Esade llamarán a aprobar de forma "inminente" la ampliación de El Prat. Para ello, instan a las administraciones públicas a alcanzar el necesario "consenso" para que la obra se incorpore en la cartera de inversiones de Aena. 

Si ello ocurre, las obras del aeropuerto barcelonés entrarían en el DORA II para el periodo 2022-2026, la hoja de ruta de inversiones de la empresa mixta. Para ello, Aena debería dotar el plan de El Prat con unos 1.700 millones de euros, el presupuesto de los trabajos, que prevén la prolongación de la tercera pista, la más cercana al mar, o la construcción de la terminal satélite para vuelos intercontinentales. Como resultado de los mismos, el equipamiento estratégico pasará de tener una capacidad máxima actual de 55 millones a 70 millones. 

Creación de 83.000 empleos directos

Desde la gran patronal catalana han enfatizado que la capital catalana no puede perder la oportunidad de convertir su aeropuerto en un hub internacional. El presidente de Foment del Treball, Josep Sànchez Llibre, ha subrayado a este respecto que la ampliación de El Prat supondría la creación de unos 83.000 empleos directos y hasta 350.000 si se cuentan los indirectos. 

De hecho, Foment ha sido una de las instituciones de la sociedad civil que se han significado en favor de la cartera de obras. También la Cámara de Comercio ha defendido la actuación "sin retrasos". Su posición es más matizada, pues han pedido la "participación" de la Generalitat de Cataluña y el sector privado en la gestión de la instalación. 

El gobierno de Barcelona y la Generalitat, partidos

La posición de la sociedad civil contrasta con las dudas de algunas administraciones. El gobierno municipal de Barcelona es el que más abiertamente ha aireado sus diferencias. Uno de sus socios, Barcelona en Comú, partido de la alcaldesa Ada Colau, rechaza la inversión. El PSC, que comparte Ejecutivo local, la defiende. 

En el caso del Gobierno catalán, algunos consellers han mantenido posturas divergentes. Ramon Tremosa, titular de Empresa, es partidario de ejecutar los trabajos. Damià Calvet, consejero de Territorio y compañero de Tremosa en Junts, la ve "imposible" por las implicaciones medioambientales.