La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la compra del negocio de cartuchos de caza y tiro deportivo de la compañía pública especializada en armamento Maxam por parte de Sofisport, aunque ha tenido que imponer una serie de condiciones para evitar que la operación convierta determinados segmentos de este sector en un monopolio.

De esta forma, la luz verde del regulador está subordinada al cumplimiento de una serie de condiciones por parte del comprador que, básicamente, consisten en facilitar a un tercero su implantación en el negocio, dada la escasez de oferta existente, tanto en España como en el Espacio Económico Europeo para determinados productos.

Suministrar a un tercero

En su análisis de la operación, el organismo que preside Cani Fernández ha detectado que la compraventa acabaría con “la principal y, en algunos casos, única alternativa de suministro de a terceros de los componentes (pólvora, pistones y vainas) que se emplean en la fabricación de cartuchos no metálicos de caza”, tanto en España como en el Viejo Continente.

De resultas, Sofisport deberá ceder a su competidor Fiocchi Munizioni activos para que la compañía italiana pueda incrementar su capacidad instalada para producir este tipo de proyectiles y hacer que el mercado disponga de una alternativa de suministro en el largo plazo.

Periodo transitorio

Dado que esta medida necesita algo de tiempo para ser efectiva, con efectos inmediatos Sofisport también tendrá que suministrar pólvora a Fiocchi tanto para cubrir sus propias necesidades en la fabricación de los mencionados cartuchos como para que la empresa transalpina pueda distribuir al mismo tiempo la materia prima en mercados como España, Italia, Portugal y Reino Unido.

El regulador no especifica característica concretas para esta transacción y se limita a señalar que el suministro de la pólvora debe realizarse “en condiciones razonables”.   

Seguimiento

Al mismo tiempo, Sofisport deberá arantizar el suministro de pólvora, vainas y pistones durante los próximos cinco años a cargadores españoles en unas condiciones comparables a las que existían antes de esta operación.

Estas condiciones, que podrían prolongarse en el tiempo bajo el criterio de la CNMC, será vigiladas por el regulador mediante informes periódicos sobre la situación.