El Gobierno desliza la implantación de un sistema de pago por uso en las autovías dentro del Plan de Recuperación anunciado la pasada semana, y que hará llegar a finales de mes a la Comisión Europea. En realidad, se trata de un mensaje dirigido precisamente al Ejecutivo comunitario, que ha insistido a Moncloa en que debe aprovechar la circunstancia para hacerlo, dada la acuciante necesidad de ingresos que precisa. En juego estarían unos 5.600 millones de euros al año.
Una cifra nada desdeñable que, sin ir más lejos, permitiría que el Gobierno cuadrara los Presupuestos Generales del Estado de este año, una misión que se antoja harto complicada en el contexto actual, dada la elevada subida de la recaudación fiscal que se precisa para compensar el ingente gasto social.
Más impuestos y ahorros
Sin embargo, el camino quedaría por completo allanado con un sistema que tarificara la totalidad de la red de vías de alta ocupación. Un estudio llevado a cabo por la patronal de las grandes compañías de construcción y concesionarias de infraestructuras Seopan y presentado poco antes de la llegada de la pandemia del coronavirus concluía que este esquema permitiría al Estado ingresar en torno a 4.700 millones de euros vía impuestos.
A esta cantidad habría que añadirle los aproximadamente 900 millones de euros que se ahorraría en el mantenimiento de los cerca de 14.000 kilómetros que componen la red que se vería afectada por la medida. Gran parte de ella, cerca de las tres cuartas partes, depende de la inversión pública para su conservación, lo que ha derivado en un creciente déficit en este capítulo, dado que los Presupuestos son claramente insuficientes para cubrir estas necesidades.
Déficits de mantenimiento
Numerosos estudios publicados por la Asociación Española de la Carretera concluyen que el Estado debería destinar cinco veces de lo que lo hace cada año al correcto mantenimiento de la red viaria.
En Moncloa llevan un tiempo dando vueltas sobre esta posibilidad, sin que nunca haya pasado de planteamientos y estudios previos. No han faltado propuestas para llevarlo a cabo, especialmente desde el punto de vista de las empresas concesionarias, que se beneficiarían de esta nueva línea de negocio. Pero sí voluntad política, ante la idea extendida en el Gobierno de que la medida tiene “muy mala venta” entre los ciudadanos.
Los peajes podrían llegar pronto a todas las autovías españolas / EP
Aprovechar el Plan de Recuperación
Cabe tener en cuenta que desde que Pedro Sánchez llegó al poder a mediados de 2018, vía moción de censura, se han celebrado dos elecciones generales, con un periodo de Gobierno en funciones de ocho meses. Y que cuando al fin se constituyó un Ejecutivo con una cierta estabilidad, el primero de coalición en la historia de la presente democracia, de inmediato apareció la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, el mensaje desde Bruselas ha sido claro en este sentido: España debe aprovechar el amplio programa de reformas que debe presentar ante el Ejecutivo comunitario para acabar con una situación anacrónica dentro del Viejo Continente.
Falta de concreción
Para hacerse una idea de hasta qué punto el escenario español es único, aproximadamente el 75% de las vías de alta ocupación europeas que están libres de pago se sitúa en España. Y además, hasta 23 países cuentan con la totalidad de su red de autovías y autopistas completamente tarificada.
Moncloa parece haber recogido el mensaje que llega desde la Comisión aunque en el Plan de Recuperación no resulta demasiado explícito y se limita a mencionar que “se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal”.
Presión comunitaria
Por ahora, parece suficiente pero Bruselas exigirá mayor concreción. El Ejecutivo comunitario está muy encima de España en lo tocante a sus ingresos fiscales, que considera demasiado reducidos para afrontar una situación que pasa por una urgente reducción de la deuda y el déficit públicos.
El Gobierno español ha rechazado públicamente en algunas ocasiones la reducción del IVA en determinados productos y servicios (especialmente en el caso de las mascarillas y la electricidad) con el argumento de que contaba con el veto de la Comisión Europea, algo que ésta ha negado.
Contexto de subida fiscal
En realidad, no existe la prohibición pero sí repetidos mensajes de exhortación a elevar la recaudación fiscal, en los que Bruselas ha deslizado que España recurre con demasiada frecuencia a tipos reducidos de IVA y que, tarde o temprano, deberá elevar el máximo, actualmente en el 21%, al menos un par de puntos.
De esta forma, el posible pago por uso de las autovías no deja de ser una iniciativa del Gobierno pero con una elevada presión comunitaria por detrás que podría hacer que los acontecimientos se precipitaran más de lo esperado. Y todo ello, en plena subida generalizada de impuestos.