El Gobierno tranquiliza a las comunidades para los próximos dos años

Los gobiernos autonómicos pueden respirar esta vez. La intensidad de la crisis provocada por la pandemia del Covid la soportará el Gobierno central, con partidas directas que irán a parar a las arcas autonómicas. Se trata de dos años en los que las comunidades autónomas deberían diseñar planes para el medio y largo plazo, porque esas ayudas se deberán devolver cuando se liquiden los anticipos ofrecidos a través del sistema de financiación. Lo advirtió la AiREF y lo señala ahora un informe de Fedea, que dirige el economista Ángel de la Fuente. “Como en 2008-2009, el Gobierno ha optado por proteger al máximo a las comunidades autónomas frente a los efectos inmediatos de la crisis, lo que no es necesariamente una buena idea si retrasa en exceso la reacción de éstas”, señala.

En cualquier caso, esa es la opción del Gobierno central, desde la premisa de que son las comunidades las que prestan los principales servicios del Estado de bienestar y que recibirán demandas continuas de sus ciudadanos justo cuando la pandemia comience a remitir y se compruebe, con toda su crudeza, los afectos del parón económico de todo este año. La tarea de programar ese retorno fiscal será responsabilidad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

No engañarse a sí mismos

El Gobierno catalán se vanagloria de presentar buenas cifras en la reducción del déficit y, de hecho, el conjunto de las autonomías puede decir que ha hecho los deberes. En 2020 se ha reducido hasta el 0,21% del PIB. Sin embargo, eso se debe a las aportaciones del Gobierno central, que ha llegado a sobrefinanciar a las autonomías con 19.162 millones de euros. Unos cálculos realizados en función de la pandemia, con el objeto de paliar en lo posible las necesidades perentorias de las comunidades.

En ese total se incluyen partidas del denominado fondo Covid, con unos 16.000 millones de euros, y que han estado relacionados con el ámbito sanittario. Frente a esos 19.162 millones que han recibido las comunidades, lo que se refleja de forma oficial son, en cambio, unos 2.306 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que la diferencia queda arrinconada durante dos años, hasta que las comunidades liquiden esas previsiones. En 2022, Hacienda liquidará esas partidas y pasará cuenta con las autonomías, aunque en ningún caso se forzará la máquina. Ocurrió tras la crisis de 2008, con distintas prórrogas para devolver el dinero, y se podría plantear de nuevo en 2022. Pese a ello, la AiRef ha reclamado que los gobiernos autonómicos tengan en cuenta esa realidad y no se engañen a sí mismos, poniendo en marcha, lo antes posible, los resortes que permitan un crecimiento económico vigoroso cuando se supere por completo la pandemia.

Más gastos, pero más ingresos

El informe de Fedea aborda un periodo largo, entre 2003 y 2019, para señalar cómo ha evolucionado esa relación entre gastos e ingresos no financieros como porcentaje del PIB. El gráfico --como se puede ver en la información-- muestra el enorme empuje a partir de 2019. Los gastos se disparan, pero el Estado responde en la misma proporción. “La situación de 2019, justo antes del inicio de la crisis del Covid, era similar a la de 2003 no sólo en términos del déficit de las CCAA, sino también de sus niveles medios de gasto e ingreso sobre PIB, aunque con una cierta deriva al alza en ambas variables. En 2020, finalmente, tanto el ingreso como el gasto se han incrementado en unos tres puntos del PIB. La situación es similar a la registrada en 2008-2009 en lo que respecta al crecimiento del gasto, pero mientras que entonces los ingresos cayeron ligeramente en 2008 y crecieron en torno a un punto en 2009, ahora el crecimiento de los ingresos --vía transferencias estatales-- ha sido mayor que el de los gastos, con lo que la situación aparente de las finanzas autonómicas ha mejorado pese al Covid. Queda por ver lo que sucederá en los próximos años cuando haya que devolver el exceso de entregas a cuenta sobre la recaudación tributaria real”, señala Fedea, que dirige el economista Ángel de la Fuente.

En ese momento el Gobierno central deberá decidir cómo recibe esas diferencias, lo que deja, en todo caso, a los gobiernos autonómicos con dos años de margen para tener una cierta tranquilidad. También deberá abordar qué ocurre con la deuda acumulada.

Enorme deuda acumulada

En este caso, las autonomías presentan muy distintas realidades, como también se puede apreciar en el gráfico que acompaña esta información. Las comunidades menos endeudadas en relación al PIB son Canarias, Madrid y las comunidades forales.

En el otro lado están Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Valencia, la más afectada, “con un preocupante 50% del PIB”. En los próximos años el Gobierno también deberá abordar la reforma del modelo de financiación, y la cuestión de la deuda aparecerá en primer término: ¿una posible quita para reiniciar el proceso? En gran medida toda esa deuda se debe a la propia Administración central. En el caso de Cataluña, casi el 80% de los 80.000 millones de deuda está financiada por el Tesoro español.