La compañía líder de motosharing en Francia, Cityscoot, ha dado un golpe en la mesa ante el descontrol del servicio en la capital catalana. La empresa gala --que opera en la ciudad junto a otras nueve adjudicatarias (Acciona, Avant, eCooltra, Iberscot, Movo, OIZ, Yego, Tucycle y Seat)-- critica no solo el retraso en la ampliación de licencias por parte del Ayuntamiento de Barcelona, sino también la manga ancha de algunos de sus competidores.
"Si hoy por hoy se penalizara a los operadores que no cumplen los requisitos ni la normativa, seríamos solo tres los operadores que estaríamos dando servicio en Barcelona", ha asegurado Alejandro Agustí, director general de la firma en España. La compañía reivindica su cumplimiento escrupuloso de la reglamentación local tanto en Barcelona como en el resto de urbes donde está implantada (como Niza, París y Milán), y pide igualdad de trato para todos los actores de motosharing en la metrópolis.
Flotas infladas
La denuncia de Cityscoot llega meses después de que la Asociación para la Defensa del Administrado y el Contribuyente (ADAC) diera un toque de atención sobre el tamaño de las flotas. Pese a que el consistorio adjudicó solamente 633 autorizaciones a cada uno de los operadores --aunque no todos han hecho uso del 100% de licencias--, esta entidad alertó sobre el abuso de algunas privadas. En concreto, acusó a eCooltra y Acciona de poner en circulación más motocicletas de las que podía. ADAC no detectó incumplimientos en ningún otro caso.
Fuentes del sector apuntan a Crónica Global que la inflación descontrolada de algunos parques móviles estaría detrás de la queja de Cityscoot. Según esta versión, la imposibilidad de controlar en tiempo real el número efectivo de vehículos desplegados por cada una de las marcas pone en duda la equidad en la entrega de permisos.
Motocicletas de Cityscoot / CITYSCOOT
Ampliación pendiente
Pero la gala también muestra su enfado por la parálisis de la segunda fase de implementación del servicio de alquiler. A la dilación de la corporación en la concesión de 3.000 nuevas licencias --prevista para otoño de 2020 y postergada hasta el pasado febrero--, se ha unido recientemente la suspensión sine die del proceso tras los recursos planteados por Iberscot y Tucycle ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y el Juzgado de lo Contencioso número 13 de Barcelona, respectivamente.
El consejero delegado de Cityscoot, Bertrand Fleurose, se muestra "muy sorprendido de la situación kafkiana que vive el sector de la movilidad compartida en Barcelona, teniendo en cuenta la voluntad del ayuntamiento de convertirse en una de las ciudades de referencia en movilidad sostenible de Europa".
Inversión echada a perder
El freno al otorgamiento de la nueva remesa de autorizaciones ha caído como un jarro de agua fría sobre la empresa francesa. Debido a estos recursos contenciosos, la licitación ha quedado aparcada de forma cautelar hasta que se pronuncie la justicia. "Pedimos a la Administración pública que tome medidas al respecto para que a aquellos que respetamos y cumplimos con todas las reglas se nos permita operar y dar servicio en un entorno justo y seguro", reclama Fleurose.
No solo se trata de una demora, sino del efecto negativo sobre la operativa de la mercantil. Durante los últimos meses, Cityscoot había adquirido cerca de 400 vehículos a la espera de hacerse con nuevas licencias. La inversión, por ahora, ha caído en saco roto.
Parálisis judicial
Por su parte, tanto Tucycle como Iberscot alegan que sus recursos pretenden impedir que determinados operadores del sector salgan beneficiados por la decisión del consistorio. Por estos hechos, la fiscalía ha abierto una investigación contra la concejal de Movilidad Rosa Alarcón y Manuel Valdés López, su gerente en esta área de gobierno municipal.
El motivo de la disputa se halla en la vía utilizada por la administración local que, según Tucycle Bikesharing, pretende "de manera sorprendente [homologar] las licencias de nueva creación con las ya existentes y renunciadas por el abandono de unos operadores ya adjudicatarios". Para los recurrentes, el aumento de los permisos sin recurrir a un concurso invalida el procedimiento. En cualquier caso, el empantanamiento judicial impedirá alcanzar las 10.000 motos compartidas previstas y hará retroceder a Barcelona en el ránking de ciudades punteras en movilidad sostenible.