El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es una olla a presión. La negativa de la Administración a ofrecer soluciones para ampliar la plantilla y mejorar los medios informáticos ha desembocado en una huelga de este servicio público. Convocada por el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), la movilización de los pasados 29 y 30 de marzo ha contado con el respaldo del 30% de los trabajadores, según los convocantes, aunque el Gobierno ha rebajado su seguimiento al 3%.

En cualquier caso, el ambiente está caldeado. Lo demuestra el hecho de que la organización acudirá a los tribunales para defender los derechos de sus afiliados. Según ha podido saber Crónica Global, el sindicato presentará en breve dos demandas y sopesa nuevas movilizaciones en los próximos meses si no se reconduce la situación.

Malestar profundo

Por un lado, la organización demandará al SEPE por considerar que se impidieron las comunicaciones por correo electrónico con los trabajadores en el marco de esta movilización. Asimismo, estima otro recurso por el boicot administrativo de la intranet usada por los sindicalistas para comunicar sus actividades.

Marisa Pérez, secretaria de organización de la federación de atención a la ciudadanía de USO en Cataluña, comparte el malestar de los 8.748 trabajadores --cerca de 1.500 son interinos, mientras el resto ocupan su plaza por oposiciones--. "La huelga no ha salido de la nada, de un día para otro. Llevamos desde julio del año pasado pidiendo a la dirección general que nos escuche y nos organice para responder a la pandemia del Covid", argumenta.

Tensión sin resolver

Pero las peticiones han caído en saco roto, según su relato. Pese a que la crisis sanitaria ha sacado a la luz la coyuntura vivida en el SEPE --"llevamos seis años enquistados con la exigencia de más personal", recuerda Pérez--, la parsimonia de la institución ha colmado el vaso. El sindicato decidió ir a la huelga el 28 de enero. "Mucho antes del ataque informático del pasado 9 de marzo", incide la portavoz.

¿Prevén nuevos paros? USO no lo descarta, aunque la decisión tendrá que pasar por asamblea. "Tenemos ánimos de continuar y creemos que no nos va a quedar otra si la dirección sigue metiendo la cabeza debajo de tierra", sentencia Pérez. Una cosa está clara: la acuciante falta de efectivos --por poner un ejemplo, este sindicato explica que no se ha recuperado ninguna de las 110 jubilaciones registradas en 2020--, así como las actualizaciones en materia de riesgos laborales, equipos informáticos --"los sistemas operativos tienen 30 años de media", apunta un interlocutor-- y oficinas siguen siendo perentorias.

Una oficina del SEPE / EP

División sindical 

De hecho, tanto CSIF como UGT han criticado la convocatoria, pese a compartir en buena medida las reivindicaciones de USO. Fuentes de CSIF han cargado contra la escasa representatividad de los convocantes, por lo que consideran que la huelga "no generará daño sobre el servicio".

"Hay sindicatos que llevan años dormidos en los laureles, pero desde julio se oía la palabra huelga", alega la representante de USO, "no somos pequeños, somos independientes". La división entre ambos bloques estriba en la confianza en las mesas de negociación abiertas para afrontar los problemas laborales. Para USO, se necesita un revulsivo. Para el resto de agentes sociales, hay que evitar instrumentos de presión en plenas conversaciones para recuperar los más de 3.000 trabajadores que se han recortado durante los últimos diez años. Cabe tener en cuenta de que CSIF y UGT tienen la mayoría de la representatividad en la empresa pública. 

Sin teletrabajo

La cercanía con el hackeo que inutilizó la web también ha planeado sobre la convocatoria de la protesta. Aunque casi el 100% de la plataforma ha recuperado la normalidad tres semanas después, el ciberataque ha provocado una secuela importante: los funcionarios se han quedado sin la posibilidad de teletrabajar, ya que siguen caídos los denominados escritorios virtuales.

La incidencia, en todo caso, se hará notar: se calcula que 150.000 personas no recibirán puntualmente sus prestaciones en abril como consecuencia de los problemas informáticos. El retraso en las gestiones también ha pesado sobre la decisión de cada sindicato de secundar o no los paros. Sin embargo, la agenda de todos los actores es común. Lo que les separa es la oportunidad del golpe en la mesa dado por USO. "Ahora mismo, un trabajador saca de forma presencial 500 expedientes al mes, cuando lo normal son 360. En remoto, la cifra se eleva a 640. Estamos en una situación de sobrecarga insoportable", concluye Pérez. El conflicto laboral sigue latente.