El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la imputación de Indra como persona jurídica en la pieza nueve del denominado caso Púnica, en la que se investiga el presunto desvío de fondos de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid a través de dicha empresa.
El magistrado acuerda en su auto el archivo al “no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad, respecto de la actuación de su empleados". Así como también "al haberse constatado la adopción y ejecución, antes de la comisión del delito, de un modelo eficaz de prevención supervisado" por un órgano autónomo.
Cumplimiento normativo como empresa
Indra pidió el archivo de la causa al considerar que, una vez hechas todas las diligencias necesarias, se acreditó que las conductas presuntamente cometidas por algunos de sus profesionales no pueden atribuirse a la persona jurídica en su conjunto. A lo que se añade el hecho de que la multinacional española de consultoría y tecnología tenía un modelo de cumplimiento normativo implementado de forma eficaz.
La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto al sobreseimiento sosteniendo que no era el momento procesal oportuno, al quedar aún pendientes algunas diligencias a su entender relevantes por llevar a cabo.
En su auto, García Castellón no ve procedentes las diligencias solicitadas por el Ministerio Públicoal entender que la investigación de esta pieza está "ya agotada", según le indicó la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en un auto del pasado 17 de febrero. Asimismo, apunta que, vista la documentación, Indra tenía un sistema de prevención y cumplimiento eficaz. Y también que el fiscal no ha aportado nuevos elementos de cargo que permitan concluir la existencia de un defecto estructural en el modelo de prevención, vigilancia y supervisión vigente en la compañía.