El gran acto empresarial que se ha organizado para este jueves ha mutado en un encuentro de la sociedad civil catalana en el sentido más amplio en el que se exige avanzar sin dilación hacia la recuperación y frenar la violencia en las calles de Barcelona y otras grandes ciudades. Para ello, se pone sobre la mesa rubricar un “pacto de país” y un compromiso en firme de que se aplicará.
Existe preocupación por cómo se han gestionado los disturbios de las últimas semanas. Se reclama tanto al Govern como al Ayuntamiento de la capital catalana y al resto de administraciones del territorio que “ejerzan su autoridad democrática y sus responsabilidades sin complejos” con el único objetivo de “recuperar la convivencia y la paz social”. Y esto pasa, de entrada, por blindar a los Mossos d’Esquadra y otros cuerpos de seguridad que están en la diana de los radicales.
Más de 150 organizaciones firmantes
“Ninguna causa justifica actitudes violentas”, sentencia el manifiesto que se ha consensuado y al que ha tenido acceso Crónica Global. El documento ha sido promovido por lo agentes económicos. Con todo, al final lo suscriben más de 150 asociaciones del ámbito económico, social y cultural de Cataluña, además de empresarios y ejecutivos a título individual.
Ya ha sido firmado por Foment del Treball, Pimec, el Círculo de Economía, Femcat, el RACC, la Asociación Española de Directivos (AED), el Círculo Ecuestre, el Colegio de Abogados de Barcelona, el Foro Puente Aéreo, Turisme de Barcelona, varias patronales del turismo y la restauración, la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) y la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), entre otras.
Todas estas organizaciones presentarán el documento en un acto en el que se prevé reunir a unas 500 personas. Se requiere un local que cumpla las medidas de seguridad que exige el coronavirus, por lo que debería disponer de una capacidad mínima de 2.000 personas.
Doble crisis con una parálisis gubernamental
En el manifiesto se reconoce que el territorio sufre una “parálisis gubernamental” que se ha unido a las dos crisis actuales, la epidemiológica y la económica que le acompaña. Todo ello ha estallado cuando aún se sufrían las consecuencias de la recesión de la década anterior, especialmente en las rentas del trabajo y en el empleo.
La guinda del pastel han sido los “comportamientos violentos e incívicos de las últimas semanas, que contribuyen a hundir hasta niveles nunca vistos la imagen de Cataluña y de su capital”. La marca Barcelona está muy tocada y es el principal tractor de la actividad del territorio, por ello se implora a la clase política que deje de lado los “complejos” y actúe.
Recuperar el dinamismo
¿Hacia dónde se quiere ir? La sociedad civil mostrará su “compromiso” en trabajar en todo lo que sea necesario para “recuperar una Barcelona y Cataluña cívicas, dialogantes, cultas, tolerantes, motores económicos y de cohesión social”.
Por recobrar ese espíritu de territorio dinámico que se ha perdido en los últimos años. Cataluña aún vive de los vientos de cola de grandes proyectos de décadas anteriores y que requieren ser renovados. No se pide que las administraciones se saquen de la manga otra gran iniciativa como los Juegos Olímpicos, sino que tengan en cuenta a los agentes sociales para avanzar hacia la recuperación.
Gobierno estable y con lealtad institucional
El mensaje al futuro gobierno catalán es claro: “No es el momento de las disputas políticas, sino de la cooperación, la responsabilidad y la lealtad institucional”. Se urge dar forma a un Ejecutivo “estable, cohesionado y activo” y que tenga la “recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia como objetivo principal”. Se advierte de que esta recesión “es de enorme magnitud” y que “no tiene precedentes en nuestra historia reciente”, por lo que no se pueden aplicar recetas anteriores.
La sociedad civil demanda estabilidad. La predictibilidad necesaria para impulsar negocios e iniciativas culturales de largo recorrido y la que se requiere para atraer de nuevo “turismo de calidad, talento e inversiones”. Sin esta tríada, se deja claro que el futuro colectivo está comprometido. Y los disturbios de los últimos días acercan más a este escenario de decadencia que al de la ansiada recuperación.
Seguridad jurídica, la base
A la próxima Generalitat también se le deja claro de debe “defender la economía productiva, la ocupación y el estado del bienestar”. Por eso es indispensable “mantener el orden”, lo que se interpreta como “garantizar el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades para todo el mundo” pero también “el normal funcionamiento de las instituciones” y que brinde “seguridad jurídica”.
También se manda un mensaje al Gobierno de PSOE y Podemos. Se le reclama un verdadero programa de ayudas directas a la reconstrucción de la economía productiva tras el mazazo de las restricciones impuestas por el Covid. Se recuerda la cifra que Foment del Treball puso sobre la mesa y que ya fue suscrita por el PP: la necesidad de movilizar de forma inmediata 50.000 millones de euros. Pero no en financiación blanda. La situación es tan límite que los sectores más afectados por la pandemia (una categoría que incluye a los autónomos) necesita inyecciones de capital a fondo perdido.
Colaboración público-privada
Por ello se ofrece --y, al mismo tiempo, demanda-- el “pacto de país” que se abre a todas las “fuerzas políticas, las administraciones públicas y las entidades de la sociedad civil”.
Se avisa que los países y las ciudades progresan “socialmente y cívicamente” cuando “las autoridades y la sociedad civil va en la misma dirección”. Y eso pasa, de forma inequívoca, por la “colaboración público privada”. La única garantía del “progreso y el bienestar social”. El fin de la movilización de la sociedad civil que también incide en la negociación del próximo Gobierno catalán.