El ayuntamiento de Barcelona incrementó el pasado verano el número de licencias para motos compartidas de 7.000 a 10.000, un 42% más de las que fijó en un primer momento, cuando estableció un máximo de 381 motos por operador. La medida ha beneficiado a las grandes compañías del sector, con una flota por encima de la marcada, y ha desembocado en una demanda contra el consistorio que pilota Ada Colau.
La intención del ayuntamiento al incrementar el número de licencias habría sido adaptar las flotas reales que grandes compañías como Cooltra, Acciona, Yego y Movo, tienen en la capital catalana y que están por encima de las 381 motos. No obstante, según El Confidencial, esto se hizo sin convocar un nuevo concurso entre los operadores u obligar a las grandes a reducir su flota.
Aplicación de medidas cautelarísimas
Ahora, Tucycle Bikersharing, una de las compañías que desembarcó en último término en Barcelona y que aplicó la norma de 381 licencias ha demandado al ayuntamiento por la vía del contencioso administrativo. La firma alega que, al haber permitido el incremento de la flota a aquellas empresas que, de facto, ya operaban a una capacidad mayor, ha afectado a la competencia.
Según la demanda, citada por El Confidencial, la empresa ha solicitado medidas cautelarísimas tras acusar a la administración local de mezclar “de manera sorprendente las licencias de nueva creación con las ya existentes y renunciadas por el abandono de unos operadores ya adjudicatarios”. La demanda incumbe a la concejala de Movilidad, Rosa Alarcón, y al gerente del ramo, Manuel Valdés.
La ampliación de las 3.042 nuevas licencias ha llegado hasta Antifraude en forma de denuncia contra el ayuntamiento de Barcelona. Se acusa al consistorio de beneficiar a las principales empresas de motosharing que operan en la ciudad.