El testigo clave del 'caso sobornos' contra Mediapro, a la cárcel

Un testigo clave del caso sobornos que implica a la cabecera de Mediapro en Estados Unidos ya está en prisión provisional. La juez al frente del macroproceso por presuntas mordidas pagadas por empresas audiovisuales a directivos del fútbol suramericano ha enviado a Reynaldo Vázquez a la cárcel a la espera de juicio. 

Lo ha confirmado un portavoz de la oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York a preguntas de Crónica Global. Según el representante, Vázquez, a quien el fiscal acusa de cobrar sobornos de una filial estadounidense de Mediapro a cambio de la adjudicación de derechos televisivos, "ha sido detenido y está bajo custodia", en referencia a un centro penitenciario. 

Testigo clave

La medida procesal contra Reynaldo Vázquez, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), es importante por cuanto es uno de los coacusados en el caso sobornos en Estados Unidos. La Fiscalía cree que el exdirectivo se embolsó pagos ilícitos de Media World, filial de Imagina, cabecera de Mediapro, a cambio de concederle derechos de retransmisión de la selección nacional del país. 

Vázquez, que cumple una condena de ocho años de privación de libertad en El Salvador por malversación de cotizaciones sociales, ya fue inhabilitado de por vida por la Fifa por el mismo asunto. El organismo de gobierno del fútbol mundial consideró que el ex alto cargo participó en una trama corrupta que operó entre 2009 y 2015. 

Enjuiciado

Ese fue el proceso administrativo. Pero es que el caso ha pasado ahora a la arena judicial. La Fiscalía de Nueva York ha emitido hasta ahora tres escritos en los que vincula a Media World en una trama corrupta que, según la acusación, pagó de forma ilegal a cambio de ganar derechos de TV del fútbol. Ha llegado a imputar in absentia a Gerard Romy, cofundador de Mediapro junto a Jaume Roures y Tatxo Benet. Ello lo deberá demostrar la acusación ante una juez, Pamela Chen, que se ha mostrado inflexible con las tretas de los imputados. 

Previo a ello, el grupo audiovisual catalán logró una conciliación con el ministerio público. Pagó 21 millones de euros en Estados Unidos para zanjar el caso judicial, admitiendo al menos un soborno vehiculado por medio de un paraíso fiscal en 2018. No ha sido suficiente. El Departamento de Justicia de EEUU, por medio de la Fiscalía, continúa sus pesquisas y ha logrado que el caso pase la fase de instrucción y llegue a la preparación del juicio oral.