La “barrera” de 1.000 euros para pagar en efectivo inquieta al comercio

El sector del comercio ha mostrado preocupación ante el impacto económico que podría tener limitar los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros. Una medida que se ha planteado en diversas enmiendas al proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal.

Las organizaciones Anged, CEC, Acotex y FECE han alertado de que esta limitación podría dificultar la recuperación del comercio en España, uno de los sectores más golpeados por la crisis. “No podemos poner bajo sospecha las operaciones en efectivo realizadas por los consumidores, cuando existen otras fuentes para atajar la economía sumergida”, han asegurado las asociaciones.

El BCE también recela

La propuesta tampoco ha convencido al Banco Central Europeo, que considera que sería una medida desproporcionada y que cuestionaría el concepto de moneda de curso legal. Según los expertos, introducir un requisito como este en el momento actual tendría repercusión sobre la recuperación del consumo y la actividad de los sectores económicos más afectados por la crisis, como el comercio o el turismo. La máxima autoridad monetaria europea ya se pronunció sobre la cuestión en un dictamen de febrero de 2019, en el que advirtió a España de que la limitación podía ser excesiva como medida para combatir el fraude.

“La posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago”, argumentó entonces el supervisor bancario. El banco central destacó también en defensa del efectivo que este método de pago, en el que la pandemia también ha tenido repercusión, “permite al pagador controlar sus gastos”. Además, “no tiene una comisión por su uso, siempre puede usarse y facilita la integración en la economía del conjunto de la población”.

La experiencia europea

Desde el sector del comercio también apuntan a las experiencias que ha habido en otros países con los límites a los pagos en efectivo como Francia (1.000 euros), donde valoran que no se ha conseguido una reducción significativa de la economía sumergida. En cambio, en otros países como Alemania, Finlandia o Austria, estos mercados son reducidos, algo que se ha logrado sin necesidad de introducir la limitación.

Las organizaciones destacan que la situación actual es de “gran incertidumbre para la economía y desplome de la demanda”, por lo que no les parece razonable “establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta”.