El vicepresidente de Ecología del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Eloi Badia, aprovechará el último Consejo Metropolitano del año para intentar sacar adelante la iniciativa política a la que ha dedicado seis años de su vida y que, por el momento, ha obtenido un éxito limitado: cambiar el modelo de gestión del agua al pasar de la colaboración público-privada por un 100% público. De esta forma, transformará lo que tendría que ser un pleno de trámite en el que se aprobasen de forma definitiva las ordenanzas fiscales y las modificaciones presupuestarias que han sido necesarias por la crisis del coronavirus en el enésimo embate a Aguas de Barcelona por la gestión del servicio.

En esta ocasión, el político de Barcelona en Comú reiterará la iniciativa tras llevarse otro revolcón en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La sección quinta de lo Contencioso Administrativo, sala presidida por el magistrado José Manuel de Soler Bigas, revocó en una sentencia publicada el pasado 20 de octubre casi la totalidad de un punto del reglamento metropolitano del Ciclo Integral del Agua que el partido modificó en 2017 para facilitar lo que se denomina remunicipalización del servicio.

Trabajos municipales

Fue un cambio hecho a medida para los entonces gobiernos de Ripollet y Sant Cugat del Vallès, que estaban gobernados de forma respectiva por una coalición de izquierdas alternativa (Ara Decidim Ripollet) y CiU. Ambos apostaban por una gestión pública del servicio y se solicitó a la institución supramunicipal armar una vía legal para poder revocar la concesión que aún está vigente. Pero el camino elegido por Badia no fue el correcto y, finalmente, los tribunales lo enmendaron.

No ha implicado ningún cambio. Además de informar al resto de partidos políticos con representación en el AMB, el vicepresidente de Ecología anunciará que se inician “los trabajos para definir, con la participación de los municipios, el modelo o modelos de gestión integral del ciclo del agua y los mecanismos y calendarios de implantación de los mismos”, tal y como se indica en el orden del día. Además, se indica de forma clara que el objetivo es la “efectiva asunción por parte de la AMB como propios de los servicios que aún se mantienen en el órbita municipal, y también para determinar los mecanismos de coordinación de las competencias en materia de agua que corresponden a los ayuntamientos”.

Dos años para cambiar el modelo

También se anuncia la creación de una “comisión de estudio” que se da dos años para “identificar los mecanismos y modelos de gestión que resulten más sostenibles y eficientes para el establecimiento y la prestación del servicio integral del agua en el ámbito metropolitano”. También se indica que éstos deberán determinar los “plazos, fases, condiciones de integración y régimen transitorio según proceda en cada caso”. Por lo que se da por sentado que el modelo actual no es válido y se deberá buscar una alternativa.

BComú reitera su intento de defender que la gestión pública es la mejor en el ciclo integral del agua. El partido de la alcaldesa Ada Colau --que este lunes evitó una fotografía junto al presidente de Agbar, la propietaria de Aguas de Barcelona-- se da dos años para conseguir una fórmula que no se estrelle en los tribunales.