El Tribunal de Cuentas pone en el foco al Ayuntamiento de Sant Cugat

El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) para fiscalizar la liquidación de la empresa mixta encargada de dinamizar la economía local, Sant Cugat Actiu. La sociedad echó a andar en este feudo municipal histórico de los convergentes en 2011 --lo perdieron en las últimas municipales por un tripartito ERC, PSC y CUP-- y presentó el concurso de acreedores en octubre de 2017.

La liquidación corrió a cargo del Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona y es precisamente las cantidades de la liquidación las que están bajo la lupa del órgano fiscalizador. El ayuntamiento pagó 47.915,12 euros en febrero de 2018 a INBENS SL, la compañía con la que compartía la gestión de la sociedad de economía mixta.

Conceptos de la liquidación

Tal y como detalla el propio Tribunal en su escrito de diligencias preliminares al que ha tenido acceso Crónica Global, de esta cantidad, 34.605,78 euros correspondían a “mobiliario e instalaciones”. Es decir, a los gastos que los privados realizaron en el local. Otros 15.309,34 euros “correspondían a la marca VITA”, que era el nombre que se dio al proyecto que pretendía ejercer de punto de encuentro de la actividad emprendedora de la ciudad y desde donde se vehicularan las políticas activas de ocupación.

Fue la iniciativa estrella del organismo semipúblico e incluyó un espacio físico en el que se podían instalar las empresas de nueva creación, que también recibían financiación municipal. Sobre el papel era la actividad ideal para dinamizar la economía local y promover la creación de negocios. Con todo, su gestión siempre fue puesta en entredicho.

Denuncia del PP

El PP de la localidad incluso advirtió de que la sociedad había servido de poco más que de agencia de colocación de personas cercanas al partido que en ese momento estaba en el poder, el equipo de convergentes liderados por Mercè Conesa, actual presidenta del Puerto de Barcelona, en el que también estaban los consejeros de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, y de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet. Este último, como responsable económico local.

Los populares no criticaron que se optara por cargos de confianza para dirigir la compañía, una cuestión habitual en sociedades de este perfil. Sí que encendieron las alarmas por el proceso de selección de candidatos como el verdadero apoyo municipal a las políticas que se emprendían, tal y como publicó este medio. Advirtieron de una red de intereses en la que participaron varios allegados al partido que acabaron contratados por la mercantil que quebró.

Cambio en la cuantía de liquidación

Lo que ahora fiscaliza el Tribunal de Cuenta son las sospechas de que la factura pública real de la liquidación no alcanzaba los 47.915,12 euros. La primera valoración que hizo el ayuntamiento cifraba el inventario en 32.605,78 euros y el fondo de comercio y el valor de la marca lo dejaba en cero euros. Además, señalaba que las deudas que Sant Cugat Actiu tenía con el erario público arrojaban un saldo favorable a INBENS de 3.518,40 euros de los que se tenía que deducir el anticipo a cuenta de la liquidación que habían recibido. Que era, precisamente, de 3.500 euros.

“Con posterioridad, se celebraron varias reuniones en las que el representante de INBENS Barcelona SL reclamó al Ayuntamiento el pago de una mayor cantidad en concepto de liquidación”, señalan las diligencias previas del Tribunal. Para saber los motivos exactos del incremento de la liquidación y si fue justificada, se ha nombrado a un delegado instructor que ya ha empezado a investigar el caso.