El Estado pagará 1.350 millones a Santander, Caixabank y Bankia por el Castor

La Administración deberá pagar 1.350 millones de euros a las entidades Santander, Caixabank y Bankia por sus derechos de cobro correspondientes a la indemnización por el rescate de la concesión del almacén de gas Castor, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo, que se ha conocido este jueves.

Hace dos años, los tres bancos iniciaron un proceso de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador después de que el Gobierno dejara en suspenso los mencionados derechos de cobro a raíz de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional a finales de 2017 en la que declaraba nulo el procedimiento llevado a cabo en su día por el Ejecutivo para proceder a la reversión de la concesión al Estado y la correspondiente compensación a Escal, la sociedad concesionaria.

Recuperar la inversión

En su día, el Gobierno liderado entonces por Mariano Rajoy dictaminó el pago a Escal de una compensación por revertir la concesión al Estado, después de que las primeras inyecciones de gas a la instalación provocaran numerosos movimientos sísmicos de pequeña dimensión frente a las costas de Castellón, donde estaba situado.

La resolución del Ejecutivo, basada en el decreto de concesión aprobado en 2008, en este caso bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, contemplaba la compensación a la concesionaria de las inversiones realizadas en la instalación.

Derechos de cobro

Por entonces, el Gobierno ‘popular’ estableció que la indemnización iría contra el sistema gasista y, por lo tanto, sería pagada por los consumidores, vía recibo, durante un periodo de 30 años.

Con el fin de recuperar de forma inmediata esta cantidad, Enagás, como sociedad gestora del almacén, acordó con las citadas entidades financieras la cesión de los derechos de cobro a cambio de recibir de su parte el montante de la compensación. De esta manera, serían Santander, Caixabank y Bankia los que, mes a mes, recibieran el importe de la indemnización, con un interés, durante 30 años.

Recurso a los tribunales

Esos pagos fueron los que el Gobierno interrumpió con la sentencia del Constitucional, que no cuestionaba la compensación en sí sino el hecho de que el Ejecutivo hubiera articulado la decisión y el esquema del rescate a través de la fórmula del Real Decreto que, en opinión del tribunal, no estaba justificada en este caso.

Después de que las entidades financieras reclamaran en vano al Gobierno que reanudara los pagos, acudieron a los tribunales para que el Estado asumiera la responsabilidad patrimonial, asunto sobre el que se ha pronunciado el Supremo.

Reparto paritario

El 50,94% de los derechos corresponden a Santander, un 34% a Caixabank y el resto a Bankia, según el reparto acordado en su día.

En la práctica, se tratará de un reparto prácticamente paritario, toda vez que Caixabank y Bankia están inmersos en un proceso de fusión cuya culminación está prevista para el primer trimestre del próximo año.