La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado los trámites de un expediente sancionador contra Repsol. El organismo señala que la petroquímica habría vulnerado la ley al fijar el precio de venta al público del carburante a empresaros independientes que operan bajo su marca. Esta actividad restringe "la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto" de estaciones puntos de venta al público.
La CNMC señala que la incoación de este expediente se relaciona con "las obligaciones" reflejadas en dos resoluciones fijadas años atrás, concretamente el 30 de julio de 2009 y el 20 de diciembre de 2013. Dichas disposiciones ya acarrearon una sanción para Repsol, Cepsa y BP.
Vigilancia de la legalidad
El procedimiento contra la energética que dirige Josu Jon Imaz como consejero delegado ha sido la consecuencia de un procedimiento de vigilancia iniciado el 12 de junio de este año. La CNMC "analizó el grado de cumplimiento" de las obligaciones marcadas en las resoluciones pasadas por parte de los tres operadores petrolíferos.
Tanto Cepsa como BP habrían acometido cambios para "que el precio de trasferencia o de cesión del carburante atendiera a criterios objetivos" y no desincentivara la aplicación de descuentos en los puntos de venta. Pero Repsol no habría procedido así, según defiende Competencia.
Libertad de precios
La antigua British Petroleum --ahora BP-- dejó de fijar precios máximos a los gestores de todas sus gasolineras. Además, convirtió los contratos CODO --estaciones de servicio propias con gestión cedida-- en contratos de venta firme, es decir, de reventa referenciados al úndice Platts sin recomendación de precio.
Cepsa, por su parte, ofreció a los gestores CODO esta misma posibilidad. Aquellos que no lo desearan, podrían adaptarse a una de las tres fórmulas propuestas por la compañía para fijar el precio de transferencia de forma objetiva, sin limitar la opción de aplicar descuentos.
Repsol fija los precios
La CNMC ha especificado que Repsol ha cambiado de modelo de contratación y que el nuevo se basa en "la fijación directa de precios a las estaciones de servicio afectadas, bajo la presunción de que actúan como agentes o comisionistas puros". La empresa fijó el final de año de 2018 como día límite para "adaptar en su totalidad" las gasolineras al nuevo modelo, pero ello no llegó a ocurrir ya que "seguían subsistiendo contratos sujetos a cumplimiento sin ser modificados", según Competencia.
Agrega, además, que "hasta el 10 de julio de 2019 --una vez conocida la propuesta de incumplimiento de la Dirección de Competencia-- no había propuesto ninguna medida adicional para aquellos gestores de estaciones de servicio que no estuvieran dispuestos a adoptar" la nueva fórmula de contrato. Por todo ello, concluye que existen "indicios de incumplimiento" de las resoluciones de 2009 y 2013.