Nuevos documentos del FinCen apuntan a lavado de dinero cinco años después del patinazo con BPA

Este domingo se han destapado nuevos documentos del caso FinCen, que investiga actos ilícitos de varias entidades acerca del lavado de dinero ilegal. La filtración apunta ahora a que varios bancos tuvieron manga ancha con organizaciones criminales que actuaban de manera ilícita para blanquear millones de euros y dólares. El nuevo episodio se conoce cuatro años después del patinazo sonoro del organismo que cercó al BPA (Banca Privada Andorrana) sin pruebas convincentes.

Dicha documentación apunta a que JP Morgan movió más de 1.000 millones de dólares a través de Londres sin saber quién era su dueño. El banco descubrió más tarde que se trataría de uno de los incluidos en la lista de los diez delincuentes más buscados del FBI, la policía federal estadounidense.

Cerco a Vladimir Putin

De la documentación obtenida por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación también se extrae que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, utilizó cuentas bancarias de Barclays para eludir las sanciones de Estados Unidos.

Vladimir Putin, presidente de Rusia / EP

Estos documentos dan "un panorama de lo que saben los bancos sobre los vastos flujos de dinero negro en todo el mundo", ha explicado uno de los miembros del CIPI, Fergus Shiel, en declaraciones a la BBC, uno de los medios participantes. En España, la divulgación corre a cargo de El Confidencial. 

Patinazo con BPA

A pesar de que de la documentación que ha elaborado el FinCen apunta a las prácticas ilegales de los bancos para blanquear el dinero de organizaciones mafiosas, hay que recordar que también ha tenido sonados patinazos. El que afectó más a España fue el que tuvo con BPA en 2015. El bloqueo financiero al grupo andorrano propició su intervención pública y el concurso de acreedores de su filial española, Banco Madrid. Años después, y tras las múltiples denuncias de los accionistas mayoritarios, el organismo que forma parte del tesoro de EEUU tuvo que retirar la acusación al grupo del Principado al reconocer que no tenía pruebas de peso para acusarlo de blanqueo de capitales del crimen organizado internacional. Con todo, el mal ya estaba hecho. 

De hecho, el que fuera el consejero delegado de la entidad, Joan Paul Miquel, estuvo en prisión provisional en Andorra 20 meses. La familia Cierco, los accionistas mayoritarios, pidió en numerosas ocasiones a los norteamericanos la información que tenían para realizar tan graves acusaciones y llevó el caso a los tribunales. En estos momentos, aún pelean en los tribunales para esclarecer qué ocurrió en el caso BPA. El juicio en el Principado se ha atrasado por la crisis del coronavirus, aunque se prevé que en breve se retome de nuevo.