Las organizaciones empresariales catalanas viven la actual situación con una gran preocupación. Ya no se trata de las complicaciones que ha provocado la pandemia del Covid, que son mayúsculas, sino de la parálisis política en Cataluña. El Govern no toma ninguna decisión y, además, no sabe cómo ofrecer una salida que solo podría llegar a través de unos comicios. La exigencia es unánime: “Sin un Ejecutivo estable con capacidad de gobernar no se puede seguir y para ello será necesario convocar elecciones”, apuntan fuentes de las patronales.
La intención de Foment y Pimec es abordar en las próximas semanas en sus órganos de dirección la cuestión electoral. No hay una posición oficial, ni la puede haber, porque se respeta que solo el presidente de la Generalitat tiene la potestad de convocar los comicios, pero las quejas son enormes. Se teme que la Administración autonómica quede paralizada, sin unos nuevos presupuestos, y con la necesidad de atender necesidades urgentes, con un tejido empresarial que no podrá aguantar sin planes de rescate ambiciosos, pero, principalmente, sin directrices políticas sobre qué se quiere hacer y cómo en los próximos años.
Aprovechar bien los fondos europeos
El problema es enorme, más que en la política española, porque el empresariado catalán cree que el presidente Pedro Sánchez podrá sacar adelante las cuentas para 2021. Las conversaciones del Gobierno con los socios de la investidura progresan, pero en paralelo se mantienen las negociaciones con Ciudadanos. Además, Sánchez podría contar con los cuatro diputados del PDECat que se han desmarcado de Junts per Catalunya. Es Ferran Bel, el representante nacionalista, el que se hacer querer en Madrid. Para el PDECat podría ser una oportunidad para sacar la cabeza.
Aprobar los presupuestos en el Congreso será una buena noticia para el tejido económico catalán, pero luego será necesario que la Generalitat incorpore en sus cuentas las partidas y objetivos que vengan de Madrid. Y, sin unos nuevos comicios, la parálisis podría durar, por lo menos, unos seis meses. ¿Lo más importante? "Preparar buenos planes estratégicos para poder optar a los fondos europeos", señala una fuente empresarial, que rechaza con contundencia cómo ha manejado esa cuestión el presidente Torra, al exigir 31.000 millones del total de 140.000 millones de los fondos europeos que le corresponden a España. "Eso no funcionará así, se ofrecerán recursos a partir de proyectos concretos", añaden las mismas fuentes, y estas iniciativas se deberán establecer con celeridad, pero con todo el rigor.
Reconstruir el tejido económico
Los seis meses son el lapso que transcurrirá entre la inhabilitación de Torra y la negociación posterior para elegir un sucesor. La imposibilidad de un acuerdo entre JxCat y ERC llevará dos meses de tiempo, antes de que, comprobado que no habrá otro presidente, se convoquen las elecciones. En ese momento deberán transcurrir 54 días hasta la fecha electoral. Eso implica un plazo de cuatro meses. La formación de un nuevo gobierno, las negociaciones posteriores, y el análisis de todas las magnitudes económicas del momento conducirán a que no pueda haber un presupuesto hasta bien avanzada la primavera de 2021. ¿Demasiado tarde?
Para el empresariado catalán, lo será. Las prórrogas de los ERTE, que se negocian con el Gobierno, podrían llegar hasta finales de enero. Ese es el calendario que se ha fijado, por ahora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero se precisará de medidas y de políticas públicas concretas por parte de la Generalitat para acometer el plan que desea Foment para “reindustrializar” la economía catalana. Y programas a medio plazo que aborden la “reconstrucción” del tejido económico, destrozado por el parón que ha significado la pandemia del Covid, y que ha provocado una pérdida de confianza y un enorme pesimismo porque en el otro lado –en las instancias políticas— no se percibe a nadie que asuma sus responsabilidades. “Se deberá confiar en la sociedad civil, en la capacidad empresarial y de los ciudadanos para levantar la economía, tras la decepción que ha provocado la clase política”, señala una fuente empresarial.
Aragonès escucha más
Los presupuestos son indispensables, máxime cuando el Parlament aprobó en 2020 unas cuentas justo antes del momento más grave de la pandemia del Covid, sin incluir partidas para paliar la situación social, sanitaria y económica, que se quedaron obsoletas nada más secundarlas la Cámara catalana.
La conexión, en ese sentido, del empresariado con ERC es mucho más cercana. Aragonès insiste en convocar elecciones, repartir cartas otra vez y formar un gobierno “posible”, que tenga capacidad real de liderazgo, más allá del debate sobre el derecho de autodeterminación en el que se empeña Quim Torra, encerrado con un solo juguete desde que accedió al cargo. Sin embargo, será Torra quien firme el decreto de convocatoria y, como demostró este miércoles en el Parlament, no tiene ningún deseo de hacerlo pronto, aunque quede inhabilitado. El propósito es el de complicar las cosas a los republicanos, y, con ello, entrar en una espiral de parálisis en Cataluña que atemoriza a la clase empresarial. Los patronos ya vislumbran una especie de repetición del otoño caliente de 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista.