El sistema bancario español puede cambiar en pocos años, con una transformación seria, similar a la que se produjo tras la crisis de 2008. Es la patronal Pimec, que defiende los intereses de la pequeña y la mediana empresa, la que ha alertado en contra de la fusión Bankia-Caixabank, con la idea de que se puede producir una “excesiva concentración del crédito”.
La patronal, que preside Josep González, entiende la operación financiera, por la “pérdida paulatina de rentabilidad del negocio bancario”, con tipos de interés en mínimos históricos. Se considera que el deterioro de las carteras crediticias por la crisis y la cada vez mayor competencia de proveedores financieros no bancarios (Fintech) obliga a las entidades a tomar decisiones. Pero Pimec insiste, como han señalado algunos miembros del Govern de Quim Torra, que en España la cuota de mercado de los cinco primeros bancos es elevada, de un 60% según distintos estudios.
Petición al Gobierno
¿Qué ocurrirá entonces tras esa operación entre Bankia y Caixabank? Pimec recuerda que con la crisis de 2008 desaparecieron la mayoría de cajas de ahorros y que las pimes, ahora, “saldrán perjudicadas por un mayor poder de mercado en manos de unos pocos grandes proveedores de crédito”. Por ello, la patronal sostiene que el Gobierno “debería encontrar soluciones que compensen este déficit”.
La propia operación de fusión se podría abordar de distinta forma, a juicio de Pimec, aunque el proceso acaba de comenzar. Una idea es que la salida del Estado de Bankia, --es el primer accionista—se debería producir “en la medida de lo posible, manteniendo el número de entidades y con las máximas garantías de recuperación de los 22.400 millones de euros, que corresponden al rescate público de la entidad en 2012”.
Sede en Barcelona
Otra consideración de Pimec es que la entrada de una entidad extranjera en Bankia “podría facilitar la competencia en el sector bancario español, favorecer la incompleta Unión Bancaria Europea y potenciar las exportaciones de las empresas clientes de la entidad”.
También se considera que la fusión resultante debería contar con Barcelona como la sede central, como “plaza financiera y sede de empresas tractoras”, y que no se vean perjudicados “los relevantes programas sociales que lleva a cabo Caixabank”.