El Gobierno no pondrá ningún obstáculo a la fusión entre Caixabank y Bankia. Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha asegurado que la operación entre ambas entidades protege el interés general del conjunto de los españoles.
También ha indicado que la propuesta permite maximizar la participación pública, destacando la respuesta "claramente favorable" del mercado bursátil tras el anuncio. En su opinión, el comportamiento de la bolsa supone un mensaje de confianza de los inversores, que también está repercutiendo en el valor del conjunto del mercado y de otros bienes asociados.
Colaboración del Gobierno
Aprovechando la cuota del Estado en Bankia, el Ejecutivo pretende ser capaz de estar presente en la toma de decisiones sobre la operación. Aunque Montero ha señalado que mantendrán absoluto respeto a los órganos de administración de los bancos, a sus consejos y juntas de accionistas, "como no podía ser de otra manera".
"Ahora lo imprescindible y fundamental es que este Gobierno colabore y contribuya a que se afiance esta operación y pueda seguir su cauce con todas las garantías por parte de los supervisores, tanto en España como los supervisores europeos. Ahí estaremos trabajando codo con codo con las entidades financieras", ha remarcado.
Batalla entre Madrid y Barcelona por la sede
Como elemento añadido, la portavoz del Gobierno ha señalado que la unión entre CaixaBank y Bankia permitirá establecer las condiciones para mejorar la cohesión territorial del país dado el origen de cada una de las entidades. En esta línea, Montero ha asegurado que tanto Madrid como Barcelona han mostrado su disposición para que se desarrolle en ellas la sede del grupo resultante.
En cualquier caso, ha aseverado que aún deben concretarse todos los detalles de la operación, añadiendo que toda la información se debe abordar con absoluta "cautela y discreción" para que pueda llevarse a cabo en el marco de la estabilidad del sistema financiero.
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Afianzar el papel del ICO
En otro orden de cosas, la portavoz ha defendido el interés en afianzar el papel del Instituto Oficial de Crédito (ICO), cuya respuesta para ayudar al tejido productivo contempla la puesta en funcionamiento de 40.000 millones de euros adicional a la línea de crédito de 100.000 millones.
"Seguiremos trabajando para que el ICO dé una respuesta acorde a las necesidades que tienen en este momento nuestras empresas, con proyectos muy importantes, algunos de ellos de riesgo, pero que sin duda van a contribuir a la transformación definitiva de nuestro país", ha destacado la ministra.