Tambores de guerra en el sector del alquiler ante la ley de control de precios en Cataluña. La presumible aprobación esta semana por parte del Parlament de Cataluña de la ley que regula los precios del alquiler en esta Comunidad Autónoma ha encendido todas las alarmas de los propietarios de viviendas por considerar que se trata de una norma que, además de tener efectos nocivos para el negocio y el acceso a un hogar de los colectivos más desfavorecidos, es contraria a la Constitución y al propio Estatuto. Asval, la principal patronal del área de viviendas en alquiler, pretende llegar hasta el Tribunal Constitucional en el caso de que la ley salga adelante.

La batalla estará servida si este miércoles, en sesión plenaria, el Parlament da luz verde a una normativa rodeada de polémica y que, además, no es la primera vez que llega hasta el hemiciclo autonómico. En 2019 llegó al trámite de la votación pese a tener un informe en contra del Consejo de Garantías Estatutarias, una circunstancia que se repite en esta ocasión. Por entonces, la normativa fue rechazada pero ahora cuenta con todos los números para salir adelante.

Ahuyentar la inversión

En el caso de que así suceda, el sector no piensa quedarse de brazos cruzados. Asval está dispuesta a solicitar de inmediato tanto al Gobierno de la nación como a los principales partidos políticos que interpongan un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional por entender que la norma atenta contra preceptos de la Carta Magna y, además, que el Ejecutivo autonómico se atribuye una competencia como la regulación de los precios del alquiler que, en realidad, corresponde al Estado.

La patronal considera que el texto que se someterá a votación en el Parlament atenta contra el derecho a la propiedad privada y, además, ahuyentará la inversión ante la falta de seguridad jurídica que generará, lo que provocará que los actores del mercado opten por operar en otras comunidades autónomas.

Reducción de oferta

Otro de los problemas que generaría el control del precio de los alquileres por ley sería el fomento de la economía sumergida, toda vez que un buen número de propietarios se vería tentado a compensar de forma ilegal la diferencia entre el precio regulado por la nueva normativa y el real de mercado. Este extremo perjudica en último término a la propia Administración que promulga la Ley, en este caso la Generalitat de Cataluña, debido a la negativa incidencia en la recaudación fiscal.

Asval hace hincapié además en el hecho de que la oferta de vivienda social en Cataluña es de las más reducidas de España. La aprobación de una ley que regule los precios derivaría en una reducción adicional de la oferta ya que un porcentaje notable de propietarios optarían por retirar sus viviendas del mercado del alquiler para ponerlas a la venta.

Penaliza a los más desfavorecidos

Este hecho afecta negativamente a las clases más desfavorecidas que verían, de este modo, reducidas sus posibilidades de poder acceder a una vivienda debido al recorte de la oferta.

“Como han señalado diferentes organismos internacionales y el Banco de España, el control de precios a medio y largo plazo produce una reducción de la oferta dificultando el acceso a una vivienda en alquiler”, apunta la patronal, que añade que en escenarios de mercados con oferta reducida, el propietario tiende a elegir a inquilinos con mayor solvencia.

Llamamiento al Gobierno

La hoja de ruta de Asval pasa por instar al Gobierno central para que presente el citado recurso de casación. El Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez se ha mostrado, no obstante, favorable también a una cierta regulación del mercado de los alquileres aunque, por el momento, no ha presentado una incisiva legislativa concreta y se ha limitado a anunciar la elaboración de un índice de precios que pueda servir como referencia para una futura normativa. Como alternativa, los propietarios también pedirán el concurso de los partidos políticos con representación parlamentaria suficiente, que también están habilitados para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

En vísperas de la votación parlamentaria también se han pronunciado los colegios y asociaciones de agentes inmobiliarios de Cataluña que, igualmente, han hecho hincapié en el carácter contrario a la Constitución del texto y han recordado el dictamen contrario del Consejo de Garantías Estatutarias, aunque no es vinculante.