Cómo recuperar la economía a través de la industria

En los países más desarrollados la industria es un sector con un papel estratégico para impulsar la capacidad competitiva. Su naturaleza innovadora, la cantidad de empleo que genera y la gran influencia sobre el resto de la actividad hacen de ella un elemento esencial para la productividad de la economía.

De hecho, el objetivo europeo es conseguir que la industria aporte el 20% del PIB de cada país, precisamente porque, como se comprobó en la crisis de 2008, las economías más industrializadas resistieron mejor. Sucedió también en España, donde territorios como el País Vasco y Navarra sufrieron menos que el resto de las autonomías. Además, el empleo que genera es más duradero y resiliente.

Un fabricante de robots móviles para transporte interno de mercancías / EFE

Luchar contra la pandemia

Durante esta grave pandemia, la importancia de la industria ha destacado más que nunca en los esfuerzos colectivos para luchar contra la enfermedad: cada uno de sus siete grandes segmentos ha sido una pieza clave de los llamados sectores esenciales. Tanto de manera directa como inducida por el sector de servicios, el activo más sólido para mantener la actividad económica durante el estado de alarma.

Generadora del 13% del PIB

La industria española genera, a día de hoy, el 13% del PIB -muy lejos del 20% que marcó como objetivo la UE para 2020- y el 12% del empleo de forma directa. A esto hay que añadirle sus efectos indirectos e inducidos que alcanzan, respectivamente, el 43% de la riqueza y el 30% del empleo. Sus siete grandes segmentos generan 2,9 millones de empleos, además de promover el 55% de las exportaciones industriales y el 60% de las inversiones en I+D+i.

Industria. Trabajadores de la fábrica de Nissan / EFE

Este año, la patronal Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), un sector que incluye a más de 3.000 empresas y aglutina a unos cuatro millones de trabajadores de la UE, preside la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. En la Alianza se integran también el resto de patronales industriales: Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia).

Ante la necesidad urgente de impulsar la actividad industrial por su efecto tractor sobre la economía y el empleo, la Alianza ha presentado al Gobierno un programa integral basado en 10 medidas para estimular la competitividad internacional del tejido empresarial español.

Medidas de urgencia 

Para la automoción, generadora del 10% del PIB y con una gran capacidad exportadora, entre otras medidas, urge a las autoridades a establecer un programa de choque coyuntural de apoyo a la demanda para la renovación del parque de automóviles que ayude a la recuperación global del mercado, impulse la renovación con todas las tecnologías disponibles y sea compatible con los objetivos ambientales.

Conviene que todos los apoyos que se establezcan tengan presente la estructura empresarial y de producción de la automoción, de manera que no terminen al final en las plantas de otros países. La lucha contra esta crisis, que es verdaderamente de consumo, debe pasar por el fomento de la demanda y por su satisfacción, en la medida de lo posible, por la oferta nacional.

Polígono de empresas industriales de Tarragona / WIKIPEDIA

Infraestructuras y competitividad

En cuanto a la construcción y los sectores de servicios auxiliares, insta a acelerar las inversiones públicas ya licitadas en infraestructuras de transporte, hidráulicas, energéticas, medioambientales o de equipamientos. Además, demanda que se cree un programa de inversión sostenible en infraestructuras y vivienda pública financiado directamente o con la cofinanciación del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La obra civil es más importante que nunca porque es la que dota al país de las infraestructuras capaces de mejorar su competitividad.

Interior de un recinto industrial / ARCHIVO

Menos burocracia para la construcción

Las actividades ligadas a la construcción suponen de forma directa e indirecta el 14% del PIB, por lo que la Alianza también ve imprescindible agilizar la tramitación, inicio y desarrollo de planes y proyectos de desarrollo urbanístico e implementar un programa integral de rehabilitación de viviendas y de equipamientos públicos.

Para los servicios auxiliares, el plan incluye la apertura progresiva de comercios minoristas vinculados a la distribución de productos necesarios para el desarrollo de la actividad auxiliar de la construcción, mantenimiento, reparación o rehabilitación de bienes y equipamientos, actividad profesional que desarrollan múltiples pymes y autónomos. 

Reducción de los costes energéticos

Pero el talón de Aquiles de la industria española es, sin lugar a dudas, la factura de la luz. El precio de la energía es absolutamente crucial, ya que supone en torno al 40% de sus costes de producción. Esto tiene graves repercusiones cuando el mercado eléctrico es poco competitivo. Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo Electrointensivo (AEGE), entre 2017 y 2018 el precio eléctrico final pagado por el sector en España fue de unos 20 a 25 euros por MWh, un 50% más que el de Alemania y Francia.

“Se trata de uno de los costes eléctricos más elevados de Europa y por eso reclamamos al Gobierno que se aplique ya el Estatuto del Consumidor Electrointensivo”, explica Andrés Barceló, director general de Unesid. “De esta manera, recibiríamos las compensaciones adecuadas para dejar de soportar grandes diferenciales con nuestros competidores que nos colocan en una clara posición de desventaja”. 

Líneas de alta tensión / ARCHIVO

Adecuar los impuestos a la recesión

Otra de las medidas de este plan es la suspensión del impuesto de generación eléctrica durante la etapa de reactivación económica. “Supone para la industria un sobrecoste del 7% que no podemos asumir mientras estemos en crisis”, indica Barceló.

“De la misma manera, es importante adecuar las aportaciones obligatorias al Fondo de Eficiencia Energética a las situaciones de caída de la demanda y a los precios derivados de la baja actividad”.  

Ayudas compensatorias

Las ayudas compensatorias por costes indirectos de emisión de CO2 también han supuesto tradicionalmente un problema que debe revisarse: el Gobierno puede aportar un máximo de 275 millones de euros en este ejercicio, tal y como recoge la orden ministerial del 30 de abril, y sin embargo,  en los Presupuestos Generales del Estado solo hay 6 millones.

Debido al régimen de derechos de emisión en la Unión Europea, la industria asume en las facturas de la energía que consume, los costes por emisiones de CO2 de las compañías energéticas. Esto genera una pérdida de competitividad significativa frente a productores de terceros países en los que no existe un régimen similar. Sin embargo, los productores españoles y europeos no son responsables de las emisiones de las energéticas. Es por ello que la UE habilita a los Estados miembros a compensar parte de esos costes indirectos debido a las emisiones de CO2 de las compañías energéticas.

España, por detrás de sus competidores

El objetivo es claro: poder mantener la competitividad de las industrias europeas expuestas a la fuga de carbono frente a terceros países. Sin embargo, a diferencia de otros países como Alemania, Francia o Bélgica, donde se compensan esos costes indirectos hasta el máximo permitido por la reglamentación europea, España aún está pendiente de que se confirme esta ampliación del presupuesto hasta los 275 millones reflejados en la orden ministerial.

Cabe recordar que también con esto se trata de evitar la fuga de carbono, es decir, que las industrias cierren o se deslocalicen debido a los costes de CO2 indirectos, lo que tendría un efecto muy perjudicial en el empleo.

Política tributaria

En cuanto a la política tributaria, además, las patronales piden que las Administraciones Públicas limiten la aprobación de nuevas figuras que impacten en la competitividad de la industria y terminen acondicionando la recuperación económica y la creación de empleo.

En realidad, en momentos como los actuales, cuando se produce una contracción de la demanda tan aguda, la Administración debería aplazar la liquidación de los impuestos, que es un primer paso elemental de adecuar la fiscalidad a la coyuntura.