La Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (Ccies) sorprendió hace unos días al remitir al Gobierno la propuesta más ambiciosa, al menos de las que se han hecho públicas, para contribuir a la recuperación de la economía. Más allá de los 300.000 millones de inversión de procedencia privada por realizar en los próximos 15 años, el plan eliminaría un enorme déficit de más de 163.000 millones de inversión pública que el Estado arrastra desde la pasada crisis y que explica las carencias de infraestructuras en diversos sectores que padece España y que, incluso, le están acarreando sanciones en el ámbito de la Unión Europea.

En la introducción de su propuesta, Ccies hace precisamente mención a que la drástica reducción de la inversión pública como consecuencia de la anterior crisis no ha tenido una compensación tras la salida de ésta, ni tampoco durante los cuatro últimos años, en los que la economía ha experimentado una notable recuperación plasmada en una subida global del Producto Interior Bruto (PIB) del 16%.

Ni cubre el mantenimiento

En este sentido, un informe del Consejo Económico y Social (CES) sobre la inversión pública en España en lo que va de siglo constata el hecho de que al inicio de la crisis las cifras que registraba el Estado en este capítulo eran superiores a la media de la Unión Europea e incluso llegaron a superar el 5% del PIB en 2009. Sin embargo, los recortes en el gasto público que se vieron obligados a hacer los países con motivo de la crisis redujo de forma drástica esta proporción hasta el entorno del 2% del PIB.

El problema radica en que las cifras anteriores a la crisis “no se han recuperado, permaneciendo en los últimos años próximos al 2% del PIB; porcentaje que ni siquiera estaría permitiendo cubrir la depreciación del importante volumen de capital público acumulado en las últimas década”, reza el citado informe del CES.

Déficit agravado

“Esta acumulación de déficit inversor durante toda la década ha agravado los déficits sociales y estructurales en nuestro país”, apunta la propuesta de Ccies.

El agujero inversor se corresponde con la diferencia entre los algo más de 150.000 millones que se han destinado a inversión pública desde el final de la anterior crisis y los cerca de 315.000 millones que deberían haberse destinado a este capítulo para recuperar la tendencia mantenida durante los años previos a la recesión de finales de la década.

Mucha diferencia entre sectores

Las cifras llaman la atención en un país cuyos gobiernos han presumido, precisamente, de las infraestructuras levantadas en las últimas décadas, que han hecho de España un referente en capítulos como el de la alta velocidad ferroviaria o los aeropuertos.

Sin embargo, en otros ámbitos, precisamente en los que hace hincapié de la propuesta de Ccies, la situación es muy diferente. En particular, destaca la situación del sector hídrico, en el que “el déficit de infraestructuras va desde el ciclo del agua urbano hasta la modernización de los sistemas de regadío”.

Sanciones comunitarias

El Estado acumula ya 32 millones de euros en sanciones por parte de la Comisión Europea, especialmente por las 133 aglomeraciones urbanas que aun vierten sus aguas residuales, lo que va en contra de las normativas comunitarias sobre medio ambiente. Y la multa se incrementa en 10 millones más cada semestre que transcurre sin que el problema esté arreglado.

No es de extrañar que la propuesta de las concesionarias prevean una inversión superior a los 73.000 millones de euros en este capítulo durante los próximos 15 años.

Faltan 80.000 plazas de residencias

Un ejemplo de plena actualidad es el de las residencias de mayores, un ámbito en el que España presenta un déficit cercano a las 80.000 plazas en referencia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que contemplan la existencia de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Teniendo en cuenta los datos actuales, el número de plazas debería incrementarse en más de un 21% para llegar a la cantidad recomendada.

La red de carreteras es otro caso paradigmático, aunque la española pasa por ser de las mejores de Europa. Precisamente, su crecimiento notable en las últimas décadas también ha engordado de forma significativa la factura de su mantenimiento, hasta el punto de que se ha hecho insostenible para las cuentas públicas.

Carreteras insostenibles

Los estudios de la Asociación Española de la Carretera que cita Ccies sitúan el actual déficit de mantenimiento por encima de los 7.000 millones de euros. Mientras, Seopan, la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras cifra en más de 31.000 millones de euros la inversión necesaria para completar la red, que ha sufrido los rigores del desplome de obra pública y se ha quedado con numerosos proyectos a medias.   

Con estos casos y otros que recoge el documento de la Cámara de Concesionarias resulta más sencillo entender el por qué de esa brecha de inversión que, además, no hace sin crecer de forma exponencial y que no se podrá cerrar jamás sin aportaciones del sector privado.

El efecto de la reactivación de la economía, con la creación de 4,5 millones de puestos de trabajo y una aportación extra al PIB cercana a los 675.000 millones de euros en 15 años, aparece en primer plano y es el objetivo prioritario de la actuación. No obstante, por el momento, el Gobierno no responde.