Convertir a Bankia en un banco público ha estado habitualmente en los planes del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Sin embargo, el Ejecutivo parece descartar ya por completo esa posibilidad, que volvió a revolotear sobre las dependencias del palacio de la Moncloa en el contexto de la crisis del coronavirus. El próximo final del estado de alarma significará la reactivación del proceso de venta de la participación que el Estado mantiene en la entidad financiera, cuestión que el Gobierno prioriza debido a la premura de tiempo, toda vez que la operación debe estar resuelta antes de que acabe 2021.

La llegada repentina de la pandemia y la consiguiente declaración del estado de alarma, a mediados del pasado mes de marzo, interrumpió el proceso de selección de una entidad que asesore al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el proceso de venta del paquete que posee en Bankia, próximo al 62%. A comienzos de año, el Gobierno puso en marcha el mecanismo para encontrar un sustituto de la entidad japonesa Mizuho, que lleva desarrollando esta labor desde 2017 (cuando tomó el relevo de Goldman Sachs, el primer asesor que tuvo el FROB para este menester) y cuyo contrato vence a finales del próximo julio.

Aprovechar el contexto de la crisis

El proceso se vio bruscamente interrumpido por la declaración del estado de alarma, como la práctica totalidad de trámites de este tipo. Conforme avanzaba la expansión del Covid-19 y la magnitud de la crisis económica que sigue a la sanitaria se incrementaba, la Comisión Europea dio pasos en firme para permitir la nacionalización de empresas en dificultades económicas como consecuencia de los efectos de la pandemia. Una circunstancia que fue aprovechada por el líder de Unidas Podemos para extender la idea de que el Estado se quedara definitivamente con Bankia, para su transformación en un banco público, incluso en unión con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El entorno de la crisis del coronavirus ha supuesto el espaldarazo para acelerar objetivos que Iglesias tenía señalados en rojo en su particular agenda, como es el caso del ingreso mínimo vital, que incluso estuvo a punto de precipitar a través de un acuerdo particular con el presidente, Pedro Sánchez, al margen del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando ésta aun no lo tenía perfilado.

El dique de Calviño

En esta línea también se encuentra la derogación en su totalidad de la reforma laboral, hasta el punto de que el Gobierno llegó a firmar un acuerdo para sacarla adelante junto a EH Bildu, que posteriormente hubo de ser matizado. El vicepresidente segundo defendió públicamente cumplir con lo que se había firmado, a pesar de que el pacto con la formación abertzale hizo saltar por los aires el diálogo social y provocó un pequeño terremoto en el Consejo de Ministros.

Precisamente, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, lideró la facción opuesta al acuerdo y también ha sido quien ha defendido descartar la idea de hacer con Bankia algo distinto a cumplir con la hoja de ruta marcada por Bruselas y proceder con la salida del Estado de su capital.

Trámite urgente

De esta forma, el Gobierno ya prepara la reactivación del proceso de selección de asesores para que el FROB proceda a la venta de la participación, una vez que la conclusión del estado de alarma ya se vislumbra en el horizonte. Este miércoles, el Congreso aprobó la última prórroga, que vencerá el próximo 21 de junio.

Apenas diez días después se recibirán ya las ofertas de las entidades interesadas en prestar labores de asesoramiento para la desinversión en Bankia. Teóricamente, el último contrato de este tipo, toda vez que se firmará por un periodo de 12 meses, al final del cual la operación debería estar ya concluida.

La batalla fiscal

Precisamente, estos plazos tan ajustados son los que han hecho que el Gobierno sitúe este trámite en la primera línea para que se ponga en marcha inmediatamente después de que decaiga la declaración del estado de alarma.

Las sombras de una posible nacionalización de Bankia se alejan de Moncloa en lo que parece ser una nueva victoria de Calviño frente a Iglesias, que deberá concentrarse ahora en otro de sus frentes abiertos: un impuesto para los grandes patrimonios. En este punto, el choque se produce con la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero. Las discrepancias han pasado del ámbito privado al público, vistas las declaraciones de ambos en direcciones completamente opuestas. El tiempo dirá quién gana esa batalla.