Transferencias sí, pero no exactamente a cambio de nada. El fondo de reconstrucción por valor de 750.000 millones de euros que la Comisión Europea presentó en el Parlamento va a exigir a los países miembros una serie de compromisos para que puedan acceder a la cantidad que le corresponda a cada uno. Y entre ellos se encuentra llevar a cabo reformas estructurales, especialmente en lo que se refiere a los ámbitos fiscal y laboral, puntos que podrían hacer que España se topara con obstáculos a la hora de acceder al grueso de las ayudas.

Casi tres cuartas partes del fondo corresponden a una línea de financiación que Bruselas ha venido a llamar “Recuperación y Resiliencia”, cuya dotación es de 560.000 millones de euros, la mayoría de los cuales se adjudicarían en forma de subsidios y no de préstamos. Según ha podido saber Crónica Global, el sistema da libertad a los distintos países miembros para diseñar y ajustar a su medida sus respectivos planes de recuperación, pero siempre y cuando éstos se basen en las prioridades acordadas en el ciclo de coordinación de políticas económicas y presupuestarias de la UE conocido como “Semestre Europeo”.

Equilibrio presupuestario

Entre los puntos fundamentales de este marco de actuación acordado por los países miembros se encuentra la puesta en marcha de reformas estructurales para promover el crecimiento económico y el empleo a través de sistemas de flexibilidad laboral y también la adopción de políticas presupuestarias destinadas al equilibrio de las cuentas públicas dentro del ya conocido pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El Semestre Europeo (así denominado porque se centra en los seis primeros meses de cada ejercicio) también comprende llevar a cabo actuaciones para evitar desajustes macroeconómicos excesivos, que puedan poner en riesgo el cumplimiento del resto de los objetivos.

Ausencia de planes

Es decir, que los Estados miembros que reciban dinero procedente de esta línea no podrán emplearlo al margen de una serie de compromisos que implican ciertas medidas de austeridad, al menos en el medio plazo. En el caso de España, las previsiones apuntan a una larga etapa de elevado desequilibrio presupuestario tras la crisis, consecuencia de no haber culminado el proceso de consolidación fiscal tras la crisis surgida a finales de la pasada década.

Además, entre los planes del Gobierno tampoco figura ninguno específico para volver a la senda de la estabilidad, al contrario de lo que sucede con otros países de su entorno como Portugal, lo que se ha visto reflejado en que la deuda soberana lusa se ha ganado el favor de los mercados en detrimento de la española, que ya paga más que la portuguesa.

Las reformas de Calviño

En el caso de que el histórico fondo, referenciado al Presupuesto plurianual de la Unión Europea, saliera adelante, la polémica en torno a la posible derogación de la reforma laboral (o de una parte sustancial de la misma) tampoco ayudaría a los intereses del Estado, toda vez que las prioridades establecidas en el Semestre Europeo hablan de un marco laboral flexible, que contribuya a la generación de empleo en el seno de la UE.

De esta forma, no resulta extraño que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, se haya pronunciado en las últimas horas a favor de que España prepare una serie de reformas estructurales para el horizonte de los años 2021y 2022. Perfecta conocedora del ámbito comunitario, Calviño es consciente de que el dinero del fondo difícilmente llegará si el Estado no ofrece a cambio al menos un compromiso de ponerse manos a la obra para paliar cuanto antes los notables desequilibrios que la crisis provocará en las cuentas públicas.

Endeudados por 40 años

Según las citadas fuentes, esta línea de financiación “Recuperación y Resiliencia” también estaría condicionada por el cumplimiento de los compromisos recogidos en los diferentes planes de energía y clima de los Estados miembros y también en los planes de transición justa. En este sentido, España tiene poco que temer, puesto que su compromiso con la transición energética y su posición de liderazgo en este punto está fuera de toda duda en Europa.

La Comisión Europea ha hecho saber a los Estados miembros que el carácter ambicioso del fondo, con el fin de paliar una crisis de dimensiones desconocidas como ha sido la provocada por la pandemia del Covid-19, va a llevar a la Unión a elevar de forma notable su endeudamiento. Gran parte del montante se obtendrá a través de créditos obtenidos en los mercados financieros con diferentes intereses y vencimientos, algunos de los cuales podrían irse hasta cerca de los 40 años.

Convencer a los países del norte

En este sentido, Bruselas ha hecho un llamamiento a los Estados miembros a ser responsables con el destino del fondo y, sobre todo, a emplearlo con arreglo a las condiciones establecidas. Supone, además, una forma de tratar de convencer al bloque de países del norte (Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria, conocidos ya como "los frugales") que no están por la labor de apoyar el fondo al considerar que debería articularse en su totalidad a través de préstamos.

En definitiva, lanzarles un mensaje de que las transferencias no cobrarán intereses pero eso no quiere decir que vayan a ser gratuitas.