Aunque el Gobierno ha dado libertad para que trabajadores en paro e inmigrantes con permiso de residencia próximo a vencer puedan trabajar en el campo, el sector advierte de que el corsé por la alerta sanitaria dificulta las contrataciones de personal a una semana de que comience la campaña en Cataluña. Las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras impiden que este año puedan acudir personas de países del Este, Senegal, Marruecos o del Sur de España y solo se podrá recurrir a trabajadores que residan en el mismo municipio o en colindantes. “En función de la localidad habrá más gente o no”.
“El problema es que algunas empresas contaban con 200 o 300 personas extracomunitarias y no han podido venir ninguna este año”, explica el responsable laboral de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) , Jaume Domenech. Entre finales de esta semana y comienzos de la siguiente comienza la recogida de fruta con hueso, primero la cereza y después el albaricoque, el melocotón o el paraguayo, después la manzana y la pera, hasta llegar a la vendimia. Solo en Lleida, epicentro de la actividad en Cataluña, las organizaciones estiman que son necesarias entre 30.000 y 40.000 personas para la campaña.
Dificultades de desplazamiento
“Aunque la viticultura es un sector muy mecanizado, la fruta se recoge de forma manual y si no se pueden abrir canales para que llegue personal, se quedará en el árbol”, lamenta Domenech. “Tal como está planteado el real decreto se nos hace más complicado el desarrollo de la campaña porque no permite desplazamientos”, detalla el presidente de Asaja Lleida y productor, Pere Roqué. “No hemos visto que en el nuevo real decreto [que permite retomar la actividad no esencial] esté delimitada la distancia entre poblaciones para un trabajador de otro sector”, manifiesta Roqué, que denuncia la “discriminación”.
Desde Unió de Pagesos detallan que son 12.500 personas las que se han apuntado hasta el momento para la campaña de este año en Cataluña. Por su parte, Asaja cuenta con una bolsa de 2.457 inscritos hasta el momento para trabajar en Lleida. “Ahora falta por ver quiénes de estos podrán venir. Muchos no conocen el trabajo que van a hacer pero se apuntan por la necesidad actual”, explica el responsable de temporeros de Unió de Pagesos, Jaume Pedrós.
Ayuda de familias y amigos
Las organizaciones detallan que el principal problema está en que se han inscrito personas de otras provincias, como Barcelona, para trabajar en Lleida ante la caída de la actividad. Sin embargo, atendiendo al real decreto, no podrán desplazarse hasta las explotaciones a causa del estado de alarma. “Se han apuntado personas de otros sectores como la hostelería, el comercio o la industria que creen que la situación va para largo”, señala Roqué. Ante la incertidumbre, las pequeñas explotaciones han tirado del entorno familiar y de los amigos para tener una ayuda extra: “Aprovechando que están confinados en casa y que no hay trabajo, intentarán recoger lo que puedan”, explica Pedrós.
Las esperanzas del sector se encuentran en que el Gobierno permita desplazamientos a otras poblaciones más allá de las colindantes o bien que la desescalada del estado de alarma permita que a partir de junio se puedan incorporar personas de otras provincias. Mientras tanto, se facilitará a los temporeros guantes y mascarillas. Además, Asaja ha recomendado a sus asociados que tomen la temperatura antes y después de cada jornada y faciliten geles desinfectantes en las explotaciones.