El Consejo de Ministros ha establecido, mediante decreto ley, una serie de beneficios a las personas vulnerables que viven de alquiler. Este era uno de los puntos calientes en los últimos consejos de ministros puesto que Podemos se mostraba a favor de la aplicación de ayudas al arrendamiento, dejando a los propietarios a merced de los ingresos de sus inquilinos, mientras que el PSOE mantenía una posición más equilibrada.

Pablo Iglesias durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros / EP

Tal y como avanzaba en la jornada del lunes este medio, el Gobierno del Estado se hará cargo con avales públicos de las deudas de los inquilinos que derivará en una exención del pago a través de una “línea de avales para la cobertura de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social a consecuencia del Covid-19”. Estos microcréditos tendrán un interés al 0% y se podrán pagar en mensualidades a medida. El plazo de devolución es de seis años ampliables a diez.

“A estas ayudas transitorias de financiación podrán acceder todos aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del Covid-19, de acuerdo con los criterios y requisitos que se definan a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”, se extrae del decreto ley que ha preparado el Gobierno.

Pablo Iglesias, tranquiliza

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha garantizado que "todos los pequeños propietarios van a percibir íntegras sus rentas de alquiler" con las medidas de ayuda a los inquilinos que ha aprobado el Gobierno, mientras que "los fondos buitre tendrán que arrimar el hombro".



"No es lo mismo una pareja de jubilados que reciben una pensión baja y que la complementan con la renta de un piso o un local que han comprado tras toda una vida de trabajo que alguien que tenga 15 o 20 viviendas alquiladas o un fondo buitre con miles de viviendas y locales", ha defendido.

Paralización de desahucios

La otra gran novedad en la que se ha trabajado en el Consejo de Ministros es la paralización de desahucios para un periodo máximo de seis meses a partir del final del estado de alarma siempre que se acredite que las personas que habitan el hogar se encuentran en situación de riesgo.

“Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, la persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica”, matiza el decreto ley redactado este martes. 

Prórroga de contratos

Los contratos del alquiler que caducan durante este período de estado de alarma, y extensibles a dos meses, también serán prorrogados de manera “extraordinaria” previa solicitud de del arrendatario con una prórroga efectiva de seis meses “durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor”.

A su vez, el Gobierno también ha aplicado una moratoria que tendrán que acatar los grandes tenedores de pisos alquilados. Así, las empresas, sociedades o personas físicas que tengan diez o más inmuebles tendrán que aplicar una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el estado de alarma y “las mensualidades siguientes si el plazo fuera insuficiente a la situación de vulnerabilidad. Por otra parte, los inquilinos también podrán pagar a plazos el precio de la vivienda.