El Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez sacó a relucir una inusitada facción proteccionista, al introducir en el paquete de medidas económicas extraordinarias para combatir los efectos del coronavirus una medida destinada a vetar determinadas operaciones de compra de empresas por parte de inversores de países ajenos a la Unión Europea. En realidad, se trata de un portazo en toda regla a los fondos de inversión, especialmente los procedentes de EEUU y Oriente Medio, inmersos en los últimos años en una voraz espiral de adquisiciones al calor del casi inédito escenario de exceso de liquidez que han registrado los mercados en los últimos años.

En un Real Decreto Ley sin precedentes en la historia de la democracia, que movilizará 200.000 millones de euros para el apoyo a las empresas, especialmente las pymes, los autónomos y los colectivos más penalizados por el Covid-19, el Gobierno ha introducido la suspensión del régimen de liberación de determinadas inversiones extranjeras directas en España, vigente desde 2003, lo que le faculta para vetar cualquier operación que suponga la toma de más de un 10% del capital de empresas que pertenezcan a sectores considerados como estratégicos.

Sectores estratégicos

Entre estos ámbitos, se encuentran los relacionados con la energía, el agua, las telecomunicaciones, finanzas, transportes, defensa, tecnología e, incluso, medios de comunicación. Es decir, la práctica totalidad de las grandes compañías del país. Casi todas ellas comparten la característica de cotizar en bolsa, por lo que en las últimas semanas han sufrido un castigo hasta ahora inaudito en la historia de los mercados de renta variable, lo que les ha dejado en una situación vulnerable ante el posible interés de inversores extranjeros.

Con esta suspensión del régimen de liberación de inversiones, el Gobierno se reserva la facultad de autorizar toda adquisición que sobrepase los límites citados o bien que suponga una toma de control efectiva del órgano de administración de la empresa en cuestión. Cualquier operación de este tipo no estará prohibida, de entrada, pero sí necesitará la autorización del Ejecutivo. Un tipo de barrera que no resultaba nada extraña a finales del pasado siglo, especialmente asociada a empresas de sectores estratégicos recientemente liberalizados pero que fue decayendo con el tiempo.

Mínimos históricos

En las últimas semanas, muchas de las mayores empresas del Ibex 35, quizá con la única excepción de las del sector energético, se han desplomado hasta alcanzar sus precios más bajos de la historia. Empresas como Telefónica o Santander, que tras aprobarse el régimen de liberación de las inversiones extranjeras llegaron a alcanzar un valor en bolsa de 100.000 millones de euros, han visto reducida su capitalización a menos de un tercio de esta cifra. En el caso de la operadora, apenas supera actualmente los 20.000 millones de valoración; la entidad financiera controlada por la familia Botín se sitúa en torno de los 35.000 millones.

Incuso antes del desplome provocado en todas las principales bolsas mundiales por la expansión del coronavirus, numerosos rumores apuntaban al interés que había despertado el ya por entonces asequible precio de empresas como Telefónica y también Repsol, sobre la que ya planeó en su día un intento de hacerse con su control por parte de la petrolera rusa Lukoil.

El control de la energía

En los últimos años de la crisis, numerosos fondos internacionales, muchos de ellos procedentes de EEUU y Canadá, tomaron oposiciones en activos relacionados con la energía, especialmente de distribución de electricidad y gas, que fueron vendidos por las grandes empresas españolas del sector con el fin de reducir su endeudamiento. Un movimiento que se unió a la entrada en numerosos proyectos y compañías de energías renovables y que causó una cierta inquietud por el hecho de tratarse de un sector estratégico.

De hecho, en las grandes compañías del sector hay ya una abundante presencia de accionistas internacionales. Enel es el accionista mayoritario de Endesa desde finales de la pasada década, aunque se trata de un inversor procedente de la Unión Europea y, a los efectos de la norma, no es considerado como extranjero. Sin embargo, el 40% de Naturgy está en manos de los fondos norteamericanos GIP y CVC (aunque, en este último caso, con una participación minoritaria de Corporación Financiera Alba, el vehículo inversor de la familia March). Por su parte, Iberdrola cuenta con Qatar como primer accionista, con una participación por encima del 8%.

Límite 'sine die'

El caso del emirato es especialmente significativo porque cuenta también con presencia destacada en otras empresas con sede en España como IAG (25%), Colonial y El Corte Inglés. A partir de ahora, prácticamente cualquier movimiento de compra deberá contar con la autorización del Gobierno.

En principio, el texto del Real Decreto Ley no establece un plazo para que esta suspensión decaiga: no está directamente conectado con la declaración del estado de alarma decretada por el Gobierno el pasado sábado como medida para la lucha contra el coronavirus. Se trata, por lo tanto, de un portazo sine die.