Pimec ha pedido a las empresas abocadas a aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que lo hagan con responsabilidad y no blanqueen despidos aprovechando la crisis del coronavirus. La patronal catalana de pymes ha instado a que se justifiquen los motivos de forma "estricta", mientras ha solicitado que la Administración ponga en marcha líneas de crédito para garantizar la liquidez y retrasar estas medidas que, "con todo, no se podrán evitar", ha señalado el presidente de la institución, Josep González.
La patronal de pymes ha propuesto una batería de medidas para sostener la economía mientras dure la paralización de la actividad a causa del coronavirus. Entre ellas, suspensión de las cotizaciones de pymes y autónomos, atraso del pago del IVA, suspensión de las deudas tributarias y ayudas para los autónomos que se queden sin ingresos.
Aumentar el crédito
González ha señalado, en una rueda de prensa vía streaming, que para hacer un "buen trabajo" y aliviar las necesidades de liquidez de las empresas será necesario poner a disposición una línea de crédito de entre 3.000 y 5.000 millones de euros, adicionales a los 1.000 anunciados por la Generalitat para hacer frente a la emergencia. El presidente de Pimec ha apostillado esta necesidad como requisito para "anticipar los problemas de tesorería" y evitar que muchas pequeñas empresas se vean abocadas al cierre definitivo.
"Si no queda mas remedio que hacer un ERTE, hay que conseguir que la Administración facilite los trámites", ha señalado González, que ha criticado la "imagen de descoordinación" que han ofrecido el Gobierno y la Generalitat. La organización ya emitió un comunicado anoche en la que se pedía una imagen de unidad y ha reconocido que muchos de sus asociados estaban "desconcertados" sobre si debían abrir hoy sus comercios o no. Pimec ha puesto a disposición un teléfono de consultas sobre estas cuestiones que ha recibido más de 2.100 llamadas durante el fin de semana.
Además del crédito a empresas, Pimec ha incidido en la necesidad de que las administraciones públicas amparen a los trabajadores cuyas empresas los hayan despedido de forma temporal y piden que tengan "una cobertura, ya sea de paro o una prestación concreta".