El cierre de la mayoría de establecimientos comerciales y la limitación de la circulación para los ciudadanos contemplados en la declaración del estado de alarma tiene notables consecuencias para millones de ciudadanos, habituales usuarios de servicios que pagan por anticipado y que no van a poder disfrutar en estos días. Se prevé una avalancha de reclamaciones cuando todo vuelva a la normalidad, toda vez que una circunstancia como esta no tiene precedentes y difícilmente se contempla en los respectivos contratos.
Por lo pronto, la mayoría de las aerolíneas están anunciando que devolverán el dinero a aquellos que adquirieron un billete para estas fechas y que no van a poder disfrutarlo. En el caso de Renfe, una de las medidas económicas del Gobierno en estos días contempla el abono a los usuarios del coste de los billetes adquiridos previamente.
Compensación en transportes
Otras administraciones públicas también adoptarán medidas en este sentido. Ha sido el caso de la Comunidad de Madrid, que también ha anunciado que compensará a aquellos usuarios que adquirieran un título de abono mensual, cuya vigencia es de 30 días.
Los problemas pueden llegar por servicios que se pagan cada mes como los gimnasios, las academias de enseñanza, las guarderías o determinados clubes deportivos.
Fuerza mayor
En la mayoría de estos casos, los contratos aluden a causas de fuerza mayor para abrir la posibilidad de un reembolso de las cantidades ya abonadas. El problema puede llegar a la hora de valorar en qué ámbito debe situarse la declaración de estado de alarma.
Las asociaciones de consumidores están haciendo hincapié estos días en que los usuarios deben hacer valer sus derechos aunque también admiten que, en determinados casos, se dan circunstancias de vacíos legales o bien de diferentes normativas en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre el establecimiento.
Interrumpir el pago
En todo caso, estas entidades consideran mayoritariamente que los usuarios tienen derecho a interrumpir el pago de estos servicios que no van a usar, especialmente en las actividades que se prestan de forma continuada y se pagan cuotas mensuales, como las guarderías, academias de inglés, gimnasios y similar.
La propuesta de las asociaciones de consumidores es que estos reclamen la parte proporcional de los servicios pagados de más dirigiéndose a las empresas por escrito y alegando fuerza mayor, puesto que el estado de alarma lo justificaría. Lo previsible es que se llegue a un acuerdo con los centros.