El presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, tiene un problema. Después de haber considerado que el caso judicial que le perseguía estaba sobreseído y olvidado --así era-- la justicia lo ha reabierto y Antoni Abad y su hermano, Josep Abad, deberán declarar el 30 de marzo ante la juez por la gestión de su grupo de escuelas concertadas, Montcau, después de las denuncias de un exsocio.
En el auto del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, los magistrados José María Torras, María Fernanda Tejero y Carmen Sucías resolvieron, el pasado 5 de febrero, estimar “íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal y defensa del denunciante contra el auto de fecha 7 de mayo de 2018, por el que se desestima el recurso de reforma contra el auto de fecha 19 de diciembre de 2017, de inadmisión a trámite de denuncia”. Lo que se resuelve es la “revocación” íntegra de dicha resolución, para que “se desarchiven las actuaciones, se admita a trámite la denuncia, se incoen diligencias previas y se practiquen las diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos”.
Es decir, se reabre el caso por una lista de delitos que presuntamente habría cometido Antoni Abad con sus escuelas, y en relación con su exsocio, Xavier Chalé, que ha ido recurriendo las decisiones judiciales hasta la fecha.
Abad y la Unión Patronal Metalúrgica
Una de las consecuencias de esa nueva situación para Abad es su renuncia a la candidatura, donde optaba a la vicepresidencia segunda, para dirigir la Unión Patronal Metalúrgica, al lado de Joaquim Boixareu, y con el ánimo de competir contra la candidatura de Jaume Roura. Fuentes conocedoras del proceso electoral --se votará este jueves-- señalan que Abad ha comprobado que no tenía opciones. Su candidatura era para la vicepresidencia segunda, que estará en manos de las territoriales de la UPM.
Joaquim Boixareu, Antoni Marsal y Josep Sánchez Llibre ante Foment del treball / CG
En todo caso, Abad está al lado de esa candidatura, que es un intento, con Boixareu y el lobby empresarial FemCat, de luchar por la presidencia de Foment del Treball a través de la patronal del metal. Ese intento de Abad mostraría que las heridas no se han cerrado, y que se mantienen las diferencias entre Cecot y Foment, aunque ahora esté en la presidencia Josep Sánchez Llibre, que ha intentado en los últimos meses limar asperezas, en contraste con la etapa que protagonizó Joaquim Gay de Montellà, que se enfrentó abiertamente con Abad, por pretender éste, con una apuesta política soberanista, impulsar desde Cecot una patronal que compitiera con Foment.
Un complejo entramado en las escuelas
Lo que tiene ahora entre manos Antoni Abad no es menor. Deberá declarar en el juzgado número 33, junto a su hermano, por imputaciones graves. Se trata de cinco presuntos delitos relacionados con su gestión en las escuelas concertadas Montcau, en Terrassa: falsedad en documento mercantil; administración desleal; delito societario; posible delito contra la hacienda pública y estafa procesal. Todo arrancó con un desacuerdo con el socio de los hermanos Abad, Xavier Chalé, que fue despedido.
Los presidentes de Foment del Trebal, Josep Sánchez Llibre, y de Cecot, Antoni Abad
Chalé era, y es, según los recursos que ha presentado, socio de Abach Management SL, la empresa a través de la cual los tres socios controlaban el grupo. El 33% lo tenía Josep Abad; otro 33% Xavier Chalé, y el presidente de Cecot el 34%. El despido provocó una denuncia, por parte de Chalé, y los Abad también lo denunciaron y le reclamaron más de 500.000 euros por presunta mala gestión.
Dos denuncias contra Abad
Contra los Abad se cursaron dos denuncias. Una por estafa procesal. Los dos hermanos presentaron un contrato presuntamente falso firmado por Chalé, quien denunció que se había falsificado su firma. Eso comportaría un delito de estafa procesal y falsedad en documento público.
La segunda denuncia tenía un carácter más complejo. Chalé consideró que se había puesto en marcha un “ilícito circuito financiero intragrupo”, que se caracterizaba por la emisión de facturas entre empresas con el objeto de distribuir o repartir “falsamente IVA e impuesto de sociedades”. Es decir, Abach Management hacía facturas, presuntamente, por “prestaciones de servicios inexistentes” a las empresas propietarias de los colegios. ¿Qué se conseguía? El propósito era pagar menos impuestos y desviar dinero a las empresas de los hermanos Abad.
El caso se había sobreseído con fecha 19 de diciembre de 2017, pero ahora se ha reabierto, tras los preceptivos recursos. Y Antoni Abad y su hermano Josep deberán declarar de nuevo este 30 de marzo. El presidente de Cecot tiene un problema, más allá de su pretensión de dirigir, junto a Boixareu, y FemCat, la Unión Patronal Metalúrgica, y, desde ese trampolín, buscar una candidatura alternativa a Josep Sánchez Llibre al frente de Foment del Treball. Y lo deberá resolver la justicia.