El Ayuntamiento de Barcelona retorció la ley con contratos a dedo adjudicados durante el primer mandato (2015-2018) de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona. El equipo de la alcaldesa forzó la Ley de Contratos del Sector Público con prórrogas menores, sin concurrencia pública ni publicidad, que prohíbe explícitamente este texto normativo.

Según ha podido saber este medio de datos del Portal de Transparencia, el Gobierno municipal exprimió la ley en al menos tres ocasiones y se acercó al límite legal al menos otras dos veces. Estas añagazas son una vuelta de tuerca más al descontrol en las adjudicaciones sin concurso que apuntó el Tribunal de Cuentas y que avanzó Metrópoli Abierta, o el abuso de licitaciones menores que apuntó este medio y que valió un reproche al Ejecutivo local por parte de Ciudadanos. Los nuevos datos apuntan a anomalías en la contratación que chocarían  con el artículo 29.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en 2017. Este precepto legal prohíbe explicitamente las prórrogas de más de un año de los contratos menores, que es lo que hizo el primer Gobierno de Colau entre 2015 y 2018.

Prolongaciones fuera de la ley...

Ocurrió, por ejemplo, con el caso de la empresa Adcogase SL. El Gobierno municipal anterior le otorgó un contrato de 7.572,71 euros el 21 de febrero de 2018. El fin eran los servicios de administración de las galerías de servicios del 22@. Tras ello y en el mismo año, la firma volvió a arañar otra adjudicación, en este caso de 8.065,38 euros. Fue el 21 de diciembre y con el mismo objeto que el anterior. Al ser un contrato de servicios para un objeto que perdura en el tiempo y habiendo una necesidad continuda, el proceso de licitación debería haber sido otro. En ningún caso pudo ser un contrato menor sin publicidad, concurrencia y transparencia, como ocurrió.

Hay más. El mismo año, en 2018, con Barcelona en Comú gobernando en solitario, el Ayuntamiento concedió un contrato a la consultora Cinesi SLU por valor de 21.000 euros. La adjudicación a la consultora ligada al Grupo Tusgsal tenía el siguiente objeto: Asistencia técnica coordinación planes movilidad de distritos. Cuando venció esta contrata a los diez meses, el 20 de diciembre de 2018, el Ejecutivo local le volvió a adjudicar la misma licitación por valor de 18.029 euros. El fin era el mismo, algo que no autoriza el artículo 28,9 de la LCSP.

...contratos sin cobertura legal...

Algo similar ocurrió con una contrata para el control de acceso a los equipamientos del distrito de Sants. Se la llevó el Centro Especial de Empleo (CET, por sus siglas en catalán) Integración Social de Minusválidos por un precio de 18,143,47 euros el 11 de mayo de 2018. Por mucho retorno social que tratara de obtener el Gobierno de Colau, éste forzó la ley al máximo. Lo hizo así porque prorrogó la misma contrata el 10 de octubre por exactamente la misma cantidad, 18.143,47 euros, para los meses de agosto y septiembre. Y repitió el 28 de noviembre del mismo año por la misma cifra.

En otras palabras: no solo encadenó tres adjudicaciones seguidas por el mismo dinero y con el mismo objeto, sino que las licitaciones concluyeron después de que hubiera vencido la necesidad pública de contratar a una empresa externa. Por lo tanto, la oenegé tuvo que operar, presuntamente, fuera de la ley por la falta de celeridad de los técnicos municipales. Éstos adjudicaron sin publicidad ni concurrencia, a dedo y, además, con retroactividad.

...y troceados

Hay más. Como ya había afeado el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Barcelona anteriormente, el Portal de Transparencia muestra nuevos presuntos troceamientos de contratos menores. Son las licitaciones Gastos de locomoción de los notificadores del Ayuntamiento, que se adjudicaron el mismo día: el 14 de febrero de 2018. El Ayuntamiento confió en la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona, aunque, para ello, les repartió su contrata en dos entregas con el mismo objeto, una de 19.380 euros y otra de 9.720 euros, ambas por una duración de diez meses.

De este modo, se ahorró el Gobierno municipal dar publicidad y concurrencia a esta necesidad pública. De hecho, esta es una práctica habitual del primer Ejecutivo que comandó Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona. En el periodo 2015-2018, cuando el PSC también participó en la gobernabilidad de Barcelona, Colau adjudicó una media de 94% de contratos a dedo, un total de 261 millones de euros. Solo cuando se actualizó la ley de contratación en 2017, los dedazos municipales cayeron un 40%. Estas prácticas poco éticas se suman a los 55 contratos menores de servicios (máximo de 18.000 euros más IVA) y obras (50.000 euros más IVA) que licitó el consistorio por un euro menos de la cantidad legal. Ello le permitió esquivar el concurso público y elegir al adjudicatario sin competencia.