"Golpe de estado". Así definen los críticos de Alberto Tito Álvarez la última decisión del rey del taxi. Álvarez y su equipo han convocado una asamblea ordinaria para socios de Élite Taxi en la que pretenden aprobar unos nuevos estatutos para la asociación y, además, las cuotas de pago obligatorio.
La cita es el próximo 3 de marzo en el local de Taxi Project en la calle Porto de Barcelona. Lo que, en teoría, parece un trámite entraña mucha más enjundia. De los siete puntos que constan en el orden del día al que ha accedido este medio, el más polémico es el segundo. La "reforma de los estatutos" conlleva cambios como el blindaje de la junta y la presidencia del mayor sindicato del sector en Barcelona para los próximos tres años. Asimismo, se impone el pago de cuotas obligatorias, algo que hasta ahora no existía al ser la agrupación una entidad sin ánimo de lucro.
"Sustituir a Taxi Project"
Hasta que hablen los socios del sindicato con mayor representación en la Taula Tècnica del Taxi (TTT) el 3 de marzo, lo factual es que el sector está dividido. Los críticos de la junta actual de Élite rechazan los cambios estatutarios [consultar texto aquí] antes de que se celebren las elecciones internas en las que se elegirá presidente y nueva junta. Los comicios deberían celebrarse a lo largo de este año.
"Es una maniobra para sustituir el fallido Taxi Project --el lobi paneuropeo en defensa de la industria que ha concitado el apoyo de apenas 217 conductores en toda España-- con Élite Taxi. Habida cuenta de que el lobi no ha funcionado, ahora se intenta que Élite se convierta una estructura económica y con una junta remunerada", critican.
Pugna en el sector
La división de opiniones sobre los nuevos estatutos de Élite, o el "golpe de estado" de la junta actual, según los críticos, llega cuando está a punto de que se empiece a librar la próxima batalla por el taxi barcelonés. Las elecciones de Élite marcarán un punto de inflexión sobre la gestión de la agrupación en los últimos años. Si bien ha conseguido éxitos para el sector, como la victoria sobre Uber en 2014, o el decreto-ley autonómico contra los vehículos de alquiler con conductor, Álvarez y sus fieles han encajado sonoras derrotas y fracasos.
Entre estas se cuentan el trompazo de la Plataforma Integral del Taxi (PIT) y el lobi Taxi Project, la fallida querella por la vía penal contra Uber, Cabify y otras empresas de intermediación de VTC y la guerra abierta con el bufete de abogados del exjuez Elpidio Silva por la denominada prima de éxito reclamada por el letrado tras conseguir poner barreras a los VTC en Cataluña.