El juego y las apuestas proliferan en España de manera online y a través de los numerosos locales a pie de calle. La adaptación de la normativa a la nueva realidad es otra de las cuestiones que ha visto aparcada su regulación durante los meses que se ha mantenido un Gobierno en funciones y sin capacidad ejecutiva.
El Gobierno inició en septiembre de 2018 las modificaciones y ahora se ha propuesto cambiar la Ley 13/2011 de Regulación del Juego que existe en España, con la inclusión de nuevas realidades en el ámbito del juego en plataformas ilegales, pues su intención es permitirlo de forma exclusiva en casinos autorizados como medida para paliar la adicción.
Comprobar la identidad
De esta manera, la Dirección General de Ordenación del Juego de España ha aprobado la modificación de tres resoluciones de esa normativa luchar combatir fraude de las empresas ilegales de juego online. La modificación fue aprobada en octubre de 2018 y debía entrar en vigor el 30 de marzo de 2019. Contemplaba un período transitorio de aplicación de nueve meses desde su entrada en vigor, que complicaba las cosas ante la falta de un Ejecutivo con capacidad operativa hasta esta semana.
Entre otras cuestiones, el nuevo terreno de juego del sector marca como obligatorio comprobar la identidad de los usuarios a través del DNI, con el objetivo de restringir el acceso y evitar las suplantaciones de identidad, pero también el fraude y blanqueo de capitales. El cambio se enfoca igualmente a erradicar una práctica habitual entre los jugadores con menos escrúpulos, que consiste en modificar la IP de su ordenador para poder jugar en plataformas online sin regulación en España para eludir a Hacienda. Los operadores de juego deberán ofrecer así tanto la IP desde la que se conecta el usuario, como el tipo de dispositivo utilizado. De hecho, si Hacienda localizara a un jugador que opera en casas no autorizadas, intervendría todo el dinero que éste hubiera obtenido en esos portales. En este sentido, falsear una IP para jugar conlleva en la nueva normativa sanciones de hasta 100.000 euros.
Un local de juego de Codere / EUROPA PRESS
Protección de colectivos vulnerables
Lo que se pretende también es salvaguardar a colectivos vulnerables, especialmente a los menores de edad, que tienen prohibido jugar pero en la práctica lo hacen recurriendo a oscuras acciones, como la citada de falsear la IP. De hecho, el perfil del jugador ha rebajado su edad en España: antes jugaban más las personas entre 40 y 50 años y ahora la media se ha trasladado a los 30, según el Ministerio de Hacienda, que estima que el sector factura unos 4.200 millones de euros cada trimestre.
Los 52 operadores legales de juego online en España deberían haberse adaptado a la modificación de la norma desde marzo de 2019, pero al existir un periodo de nueve meses para aplicarlo y ante la inexistencia de un Ejecutivo que no estuviera en funciones, todo quedó en el alero. Ahora, se retoma.
A la espera del borrador del Gobierno
Entre tanto, la Asociación Española de Juego Digital se adelantó a una posible modificación de la norma y creó una serie de medidas propias consensuadas entre sus diferentes actores, que comenzará a aplicarse desde el 15 de enero, mientras que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, por su parte, envió al Ministerio de Hacienda y al de Sanidad en mayo de 2019, mientras acometían la elaboración del Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego, una serie de propuestas que incluían la prohibición total de la publicidad relacionada con el juego y las apuestas en todos los medios de comunicación al margen de su soporte, que excluía únicamente a Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.
El Defensor actuó de oficio “ante la proliferación y la publicidad intensa de anuncios de juego y casas de apuestas”, y el Ministerio de Hacienda ha contestado a Fernández Marugán diciendo que "acepta todas las recomendaciones formuladas por la Institución para limitar la publicidad del juego y las apuestas, y reforzar la protección de las personas más vulnerables frente a la adicción al juego, especialmente a los menores". Sin embargo, el Ministerio asegura que el borrador aún no se ha concretado y será cuando se constituya el nuevo Gobierno cuando se haga. En todo caso, la Ley de Juego en España, en algunos de sus supuestos, es susceptible de ser modificada por parte de las diferentes comunidades autónomas y el Defensor del Pueblo ha pedido un esfuerzo para que las regiones se coordinen dentro del marco legal.
Uno de los numerosos salones de juego que hay en España / EP
Regulación autonómica
Las comunidades autónomas han comenzado ya a modificar las normativas que regulan el sector dentro de sus territorios, unas más que otras, sobre todo ante la proliferación de locales y para dar respuesta a lo que consideran una preocupación social, que ya ha propiciado acciones de rechazo y protestas vecinales en ciudades como Madrid, A Coruña, Cartagena o Algeciras.
Entre los límites al juego que las autonomías están abordando destacan sobre todo tres aspectos: las distancias mínimas entre locales, distancia con respecto a centros educativos, y nuevos controles de acceso para evitar la entrada de menores a estos locales.
Norma catalana
Dentro de ese marco de modificaciones que contempla cada comunidad, en Cataluña se publicó el pasado 30 de mayo el Decreto 89/2019 que se aprobaba el Reglamento de Salones de Juego y que convive con el Decreto 24/2005, de 22 de febrero, que regula determinadas prohibiciones de acceso a establecimientos y el registro de personas que tienen prohibido entrar a estos locales. También se cambió otra normativa, el Decreto 23/2005, que afecta a las máquinas recreativas y de azar.
Así, los salones de juego catalanes han de disponer de elementos que permitan la identificación y el control de acceso personalizado a todas las personas. Los usuarios deberán hacerse una ficha en su primera asistencia a un salón de juego con su nombre y apellidos, fecha nacimiento destacada, DNI o equivalente y día de apertura. El número de personas registradas en toda España con autorización para jugar de manera online era de 637.000 en el año 2013, mientras que aumentó hasta 1,4 millones en 2018, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en una comparecencia ante los medios anterior / EP
Barcelona, intento de regulación
Solo en Barcelona hay 53 locales de juegos de azar, 35 salones, 17 bingos y un casino, según fuentes municipales, y la ciudad ha tratado de poner freno a los locales de juegos y de apuestas con la intención de que se reduzca su número, y que afecta a juegos de azar, salones de juegos y de apuestas, bingos y casinos.
El Ayuntamiento de Ada Colau asegura que quiere regular más a fondo estos establecimientos y elaborar un plan de uso. Barcelona demanda el aumento de la distancia mínima de 100 metros de separación de estos locales con respecto a centros educativos y sanitarios de la Generalitat y el Estado, y cerrar los que no se adapten a la norma. De hecho, la alcaldesa ya intentó cerrar locales pese a que no tiene competencias para hacerlo. El consistorio, además, pretende crear programas de prevención a impartir en los colegios y controlar la publicidad para equipararla a la del alcohol y el tabaco.
Lo que pide la industria
Los actores de la industria del juego privado en España, por su parte, reclaman "diálogo" al nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de cara a la adopción de medidas que modifiquen su normativa” e igualmente demandan una “apuesta por regular la publicidad de esta actividad, pero de forma equilibrada y equitativa”, según expone el Consejo Empresarial del Juego (Cejuego). Esta entidad espera espera que el Gobierno regule la cantidad de anuncios, los mensajes y los horarios de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas: “Es algo que hemos pedido en reiteradas ocasiones a diferentes Gobiernos”.
Además, ante la previsión de que el Gobierno incluya un nuevo Ministerio de Consumo con competencias sobre juego, que asumirá el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, Cejuego ha reiterado que “continúa dispuesto a seguir dialogando con la Administración como lo ha hecho hasta ahora”, en busca de la “seguridad jurídica que necesitamos para desarrollar nuestra actividad”. En el documento que desarrolla el contenido del preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos ya se apuntaba la intención de "controlar" la extensión de las casas de apuestas, y de aprobar una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas online, de ámbito estatal y similar a la de los productos del tabaco.