El Govern de Quim Torra ha vuelto a situar la cuestión del déficit fiscal como arma arrojadiza, después de que ese debate haya quedado sepultado en los últimos años, tras una evolución del propio discurso de los expertos en la materia, que se basan más en el gasto por habitante y en si la Generalitat tiene o no los recursos adecaudos en función de los servicios que presta. El departamento de Economía, que dirige Pere Aragonès, ha querido ahora actualizar los números y señala que el déficit fiscal alcanza los 16.800 millones de euros, en los ejercicios 2015 y 2016. Se trata de una actualización “de las balanzas fiscales”, con el objeto de situarse en primera línea ante una eventual reforma del modelo de financiación autonómica. 

Ese dato corresponde a la filosofía de esa “balanza fiscal”: lo ingresos que se generan en todo el territorio y los recursos que llegan en concepto de gasto del Estado en la comunidad. Pero hay dos formas de calcularlo: las dos son óptimas, y las dos explican cosas diferentes, como ha señalado Maite Vilalta, una de las mayores expertas en financiación autonómica. Según el método del flujo monetario, ese déficit fiscal fue de 16.803 millones de euros en 2015, lo que equivale al 8,2% del PIB. En ese año, Cataluña aportó el 18,9% del total de los ingresos, y recibió, por parte del Estado, el 13,2% del gasto. En 2016, el déficit fue similar, con 16.801 millones, el 7,9% del PIB.

El Museo del Pardo o el AVE

Pero hay otra manera de calcular ese déficit. Se trata del método de la carga-beneficio. Un ejemplo sería el Museo del Prado. El presupuesto público para el museo, ¿beneficia a todos los españoles, catalanes incluidos, o las inversiones que se destinan sólo benefician a los vecinos de Madrid o de la Comunidad de Madrid? Según el método carga-beneficio las inversiones públicas, sean en museos o en estaciones del AVE, benefician al conjunto. Y los números que resultan son diferentes. El gobierno catalán también los ofrece: el déficit fiscal fue de 11.830 millones de euros en 2015, y de 12.225 millones de euros en 2016. En porcentaje de PIB, el resultado es muy diferente a partir de ese método de cálculo: el 5,8% y el 5,7% en 2015 y 2016 respectivamente.

La vicerrectora de la UB y experta en financiación autonómica, Maite Vilalta

Esas son magnitudes que se pueden generalizar en comparación con realidades similares a la de Cataluña: un territorio con más renta que la media, como Cataluña, tendrá un déficit fiscal.

De tercera a novena, pero en la media

La discusión académica y política se ha centrado en los últimos años en otra cuestión: en la financiación de los servicios públicos por habitante. El propio exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell, admitió que se trataba de pagar por renta, (Cataluña representa el 19% del PIB español) y recibir por población (el 16% del conjunto). Según ese esquema, la financiación para Cataluña estaría por debajo, entre dos y tres puntos, en función también de la actividad económica del conjunto del Estado.

Pero según Maite Vilalta, lo que corresponde es ver si la Generalitat está bien o mal financiada. Esa cuestión se separa del cálculo de la balanza fiscal, que explica otra realidad. Y según esa idea, Cataluña se sitúa en la media. “La cesta tributaria aporta a la Generalitat de Cataluña unos ingresos tributarios potenciales de 124 (índice por habitante ajustado) y la sitúan en tercer lugar, después de Madrid y Baleares. Una vez ha participado en el mecanismo de nivelación, el llamado Fondo, sus ingresos por habitante (ajustado) se reducen a 105, y una vez han actuado los demás fondos del modelo de financiación se reducen a 100. De este modo, pasa de ocupar el tercer lugar a ocupar el noveno”. 

Nuevo modelo de financiación

Los expertos, entre ellos Vilalta o Ángel de la Fuente, sostienen que eso sí se podría mejorar. Es lo que se denomina como propio de ordinalidad: respetar, en lo posible, el punto de partida, y no pasar de ser la tercera en esos ingresos tributarios a novena.

De cara a la posible negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, que quiere impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez, presionado por los socios que han facilitado su investidura, como Compromís, el Gobierno catalán ha comenzado a presionar con  una cifra que se repite en el tiempo: los 16.000 millones o el 8% del PIB catalán, siempre a partir del modelo de cálculo que más le interesa.