Denuncia "millonaria" en ciernes por la chapuza de la wifi pública de Barcelona. Un empresario del sector de las nuevas tecnologías reclamará "millones" en lucro cesante al ayuntamiento y Cellnex Telecom porque la internet pública de la Ciudad Condal lleva dos años sin funcionar al 100%, por lo que su firma, que ganó uno de los derechos de explotación, no gana ingreso alguno.
Wi-Fi en Barcelona / CG
La firma perjudicada es Universal Tecno Services (UTS), que dirige Ángel Badia. Esta mercantil contrató un excedente de capacidad de la infraestructura de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Barcelona, que gestiona Cellnex en virtud de un contrato público otorgado en 2014 para 10 años. Pretendía montar una página web para que vecinos y turistas se conectaran a la misma y pagaran una cantidad. Nunca pudo hacerlo porque el portal jamás funcionó. Desde 2017, UTS tiene adjudicado un derecho que no le sirve de nada. Ha montado incluso su propia web [www.bcnwifi.com], la tecnología necesaria para explotarla y el servicio de cobro. Pero algo no funciona, y ni el ayuntamiento ni Cellnex le han dado la solución. Por ello, denunciará.
La CNMC detectó fallos...
La denuncia de Badia y UTS no se circunscribe a su persona y a su sociedad mercantil. El empresario, que asegura "haber montado miles de antenas en municipios de Cataluña sin problema alguno", denunció el caso a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El regulador del mercado lo estudió y, en una resolución de abril de 2019, dio la razón al pequeño empresario en dos principios. Uno, que el sistema de web cautiva no funcionaba tal y como estipulaba el contrato entre UTS y la filial de Cellnex que gestiona la infraestructura (Tradia); y dos, que el error podría deberse a la plataforma Aptilo, que centraliza las telecomunicaciones del Ayuntamiento de Barcelona.
La página web de la wifi pública de Barcelona que lleva dos años sin funcionar / CG
Lo que no demostró la CNMC es la otra denuncia del pequeño empresario. Este se había quejado de que otra de las empresa que ofrece wifi premium en el espacio público de Barcelona, Kubi Wireless, recibía un "mejor trato" por parte de Cellnex. Arguyó que ello era así porque Kubi es propiedad de Eurona, que controla los accesos a la red tras haber llegado a un acuerdo con Tradia. En síntesis: Eurona y Cellnex mantienen una relación comercial previa y, de ello, infería el denunciante que su competidor (Kubi) recibe un trato de favor. El regulador no entró a valorar esa denuncia.
...pero Cellnex y el ayuntamiento los ven subsanados
Los fallos que sí detectó la CNMC han merecido una valoración tanto de Cellnex como del Ayuntamiento de Barcelona. La cotizada ha indicado a este medio que el sistema de gestión de telecomunicaciones que ganó en concurso en 2014 funciona. Pone como ejemplo que otros operadores (como Kubi) explotan el excedente sin problemas. Recuerda que el expediente de la CNMC es una opinión antigua cuyas deficiencias ya se subsanaron. Apuntan a que es el sistema de UTS el que podría estar impidiendo a esta empresa explotar el servicio que le contrató. Si ello fuera así, las quejas de Ángel Badia no tendrían lugar y, mucho menos, su demanda patrimonial, que el empresario calcula en "varios millones de euros".
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona circunscribe el conflicto a la "manifestación por parte de UTS del incumplimiento por parte de Tradia Telecom de obligaciones contractuales entre las dos empresas". Recalca el ejecutivo local de BComú y PSC que "en todo momento de que se trataba de una disputa entre privados", por lo que la misión municipal fue la de "garantizar el cumplimiento de Tradia Telecom de la resolución de 3 de abril de la CNMC". Continúa el gobierno sociocomún que "Tradia acreditó el cumplimiento de las obligaciones establecidas el 6 de mayo pasado", por lo que la CNMC archivó la denuncia "el pasado 7 de noviembre".
Ello no es óbice para que www.bcnwifi.com siga sin funcionar y, UTS, sin facturar. La empresa tratará de demostrar ahora que el fallo es atribuible a la infraestructura municipal o a la "negativa a dialogar" de Cellnex y su filial Tradia, tal y como manifestó el abogado de la denunciante a este medio. La justicia tendrá la última palabra.