El PSC también pierde con la sentencia del Supremo

De perfil. Con pasividad, y con la convicción de que el PSC debía entenderse con los Comuns en el área metropolitana de Barcelona para poder gobernar en los principales ayuntamientos. Era marzo de 2016, y el PSC atravesaba uno de sus peores momentos políticos. Los Comuns crecían, tras la irrupción en toda España de Podemos en las europeas de 2014, y Ada Colau había alcanzado la alcaldía de Barcelona en mayo de 2015, con un proyecto de izquierda alternativa que pasaba por la remunicipalización de servicios como el agua. El hombre fuerte del PSC en el área metropolitana, Antonio Balmón, alcalde Cornellà, pedía “prudencia”, y el hecho es que fue Agbar, dentro de la empresa mixta, la que acabó presentado el recurso ante el Tribunal Supremo, que ahora falla a su favor, despues de la sentencia del TSJC en 2016 que suspendía la constitución de la empresa que suministra el servicio del agua al área metropolitana. 

El equipo de gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) señalaba, tras conocer la sentencia del TSJC, que anulaba la concesión de la gestión del agua a la empresa mixta formada por Aguas de Barcelona y por la misma AMB. La entonces vicepresidenta de Medio Ambiente del AMB, Janet Sanz (Entesa, els Comuns), daba cuenta de que la primera decisión que había tomado el Pleno del Consejo Metropolitano era la de “no recurrir la sentencia”, con la idea de trabajar, a partir de ese momento, “en el marco de que la sentencia es firme”.

Sin protestas socialistas

¿Protestaron los cargos socialistas metropolitanos? El vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, tras conocer la sentencia, señalaba que se debía tomar todo con cierta cautela. “La posición del Gobierno –metropolitano—es una posición que tiene que medir muy bien sus pasos”. ¿En qué dirección? Balmón y el PSC en su conjunto reclamaban a Colau que no iniciara un proceso de posible remunicipalización, que fuera prudente, pero tampoco mostraban los socialistas un interés especial en recurrir la sentencia y en luchar por el modelo que había configurado la empresa mixta. En ese sentido, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, emplazaba a los responsables metropolitanos a pronunciarse, al entender que esa era una competencia del AMB.

Balmón intentaba ser más preciso, y consideraba que la sentencia obligaba a tomar decisiones en varias direcciones. “La sentencia obliga a plantearnos diferentes escenarios sin ningún tipo de prejuicio, teniendo en cuenta que la sentencia será recurrida y, por lo tanto, quedará en suspensión”. ¿Pero quién la iba a recurrir?

La oposición señalaba el camino

Esa pregunta la contestaba la propia Janet Sanz. La sociedad mixta estaba participada en un 70% por Aguas de Barcelona y en un 15% por el AMB. En ese sentido, Sanz aseguraba que no tenía ninguna notificación de que la sentencia se fuera a recurrir, y que no se había celebrado ni convocado --y los socialistas no lo cuestionaron-- ningún consejo de administración para decidirlo.

La oposición hacía sus cábalas, y el portavoz del PP, Alberto Fernández, consideraba que estaba claro que existían diferencias en el seno del Gobierno metropolitano sobre la gestión del agua, y que habían decidido no recurrir la sentencia con la convicción de que lo iba a hacer la sociedad mixta, aunque sólo lo hizo la empresa Agbar.

La posición de Collboni ahora

Ahora, en el gobierno municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, el primer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, mantiene una clara distancia con la alcaldesa Ada Colau sobre los posibles proyectos de remunicipalización del agua. En el programa de gobierno, entre los Comuns y el PSC, se señaló que se podía “abrir una línea de trabajo hacia la gestión pública del ciclo del agua”, siempre que la sentencia del Supremo ratificara el fallo del TSJC. Tras la sentencia del Supremo, eso ya no procede.

Pero en el PSC, los cantos de sirena sobre la remunicipalización del agua no cayeron en saco roto. El discurso de los Comuns influyó en muchos alcaldes socialistas. Y en el propio partido, que buscaba rehacer su posición en la política catalana mirando hacia su izquierda, y hacia la izquierda alternativa. Uno de ellos fue Jordi Ballart, al frente del Ayuntamiento de Terrassa, que apostó por remunicipalizar el servicio, aprovechando que finalizaba la concesión a la empresa Mina de Terrassa, empresa participada en un 37% por el grupo Aigües de Barcelona. El posterior alcalde, Alfredo Vega, también del PSC, alcanzó un acuerdo con la gestora del agua, y Mina pasaba a ser el proveedor del servicio durante los próximos cinco años, tras el acuerdo en 2018, con un modelo de colaboración público-privada. En las elecciones de mayo de este año, sin embargo, ganó las elecciones, de nuevo, Jordi Ballart, con una nueva formación política.

Los socialistas han renunciado a seguir la estela de los Comuns en esa cuestión, pero tras la sentencia del TSJC se pusieron de perfil.