Cuánto vale el capricho acuífero de Colau: 480 millones

El Tribunal Supremo ha asestado un duro golpe con los planes de los Comunes, el partido liderado por Ada Colau, sobre el futuro del agua del área metropolitana. Los magistrados de lo contencioso-administrativo avalan la creación de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo Integral del Agua y dejan una única alternativa a la formación para llevar a cabo sus planes: la expropiación. O, lo que es lo mismo, el pago a la empresa de cómo mínimo 476,5 millones.

Colau sorprendida por el aval del TS a la empresa mixta del agua en Barcelona / EFE

Este es el valor de las infraestructuras con las que Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB) operaba el servicio y que se integraron en la empresa de economía mixta en su creación. Así está reconocido en el balance de la compañía, y que se completa con el negocio de la depuración, el que aportó el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para darle forma en 2012. En este caso, la tasación de las infraestructuras reconocidas alcanza los 50,5 millones.  

Títulos reconocidos

Hasta ahora, los Comunes contaban con no tener que desembolsar esta cantidad, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) indicó en 2016 que la filial de Agbar operaba con un título de concesión en precario, aunque en algunas partes de la resolución también señalaba que era tácito. Sus planes para conseguir que la gestión del agua fuese un servicio público pasaban por regularizar esta situación y dejar la actividad en manos de una compañía pública de nueva creación. Un proceso similar al que se siguió en Terrassa (Barcelona) cuando a la gestora mixta, también una sociedad del grupo Agbar, se le venció el contrato local.

Pero este plan es inviable desde este martes. El Supremo deja claro que SGAB cuenta con un encargo público legal desde 1953. Señala que no prosperaron los intentos iniciados en 1982 y 1992 de actualizar la concesión, por lo que es aún válida. “No puede afirmarse que ni la evolución normativa en materia de aguas, ni la sucesión competencial, ni los dos intentos frustrados de municipalización o supramunicipalización ni, en fin, tampoco los actuales acuerdos impugnados, hubieran afectado a la titularidad de la concesión de 1953 --que lo es de la entidad SGAB-- o a su valoración como parte del patrimonio de dicha entidad”, indica la sala presidida por el magistrado José Manuel Sieira.

Concesión hasta 2047

Por todo ello, la colaboración público-privada para gestionar el agua de Barcelona que firmó el nacionalista Xavier Trias como presidente del AMB a finales de 2012 es válida y estará vigente según el diseño inicial. Es decir, la concesión decaerá en 2047. Por lo que a los 476,5 millones de valor de los activos se le debería sumar una compensación económica por todos los años de servicio no prestado.

La expropiación es una “posibilidad abierta” en la legislación vigente, tal y como interpreta el Supremo. Pero implicaría un desembolso público del AMB de más de la mitad de los ingresos esperados para el ejercicio 2020. El presupuesto que se acaba de aprobar de forma inicial contempla unas entradas de poco más de 751 millones entre impuestos directos, tasas de precios públicos, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales y transferencias de capital.

Todo ello, tras la decisión de Colau y de su lugarteniente, el vicepresidente de Medio Ambiente, Eloi Badia, de invertir 3,3 millones de euros metropolitanos en avanzar hacia su gran objetivo político, la municipalización del agua.

Y es que el esfuerzo de la primera edil por impulsar su proyecto estrella ha sido muy político, pero también económico. Según los datos a los que ha tenido acceso Crónica Global, la alcaldesa ha invertido desde 2015 la nada desdeñable cifra de 3.399.340 euros en estudios jurídicos y subvenciones a despachos de abogados y asociaciones con la finalidad de justificar la necesidad de retirar Agbar la gestión del citado suministro.

Casi la mitad de esas aportaciones se las lleva Enginyers Sense Fronteres, empresa vinculada a Badia, con un total de 1,1 millones de euros. Barcelona Regional también se llevó un buen pellizco por contribuir a esa pedagogía sobre la municipalización: 833.872 euros por trabajos relacionados con la elaboración de un reglamento del servicio del ciclo integral del agua, el análisis técnico-económico de la dotación de personal para las diversas modalidades de gestión, la redacción de estudios sobre demandas potenciales de agua no potable, o sobre la calidad de las masas de agua del Llobregat y del Besós.

También encargó a Barcelona Regional la alcaldesa un Plan Director del Agua del Área Metropolitana y trabajos de identificación y evaluación de los activos necesarios para la prestación de servicios del ciclo del agua competencia de la AMB. 

Otros 1,3 millones de euros fueron a parar a informes jurídicos elaborados por J&A Garrigues, SLP, Carles Pi i Sunyer y Albiñana de Suárez de Lezo, o trabajos elaborados por la citada entidad Enginyers sense Fronteres sobre la contratación de plantas desalinizadoras, remunicipalización en municipios de más de 50.000 habitantes o la valoración económica de los activos de la red de abastecimientos de Barcelona.

Multiconsulta y vivienda, los otros fracasos judiciales

La lista es larga e incluye gastos destinados a la controvertida multiconsulta, otra de las grandes iniciativas de la líder de los comunes y que incluía el tema del agua. Este proyecto, cuya preparación costó al consistorio un total de 3,5 millones de euros, también fue paralizado por la Justicia, en este caso por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado día 7. Asimismo, el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad del impuesto sobre los pisos vacíos aprobado por el Ayuntamiento.

El último revés judicial, el referido a la municipalización del agua, ha coincidido con el recién revalidado liderazgo de Ada Colau al frente de la confluencia de los comunes, que además estará coordinado por la presidenta del grupo parlamentario, Jéssica Albiach, y la primera teniente de alcalde de Castelldefels, Candela López.

Las tres encabezaban la única lista que se ha presentado a la renovación de los órganos de dirección. La candidatura será proclamada ganadora el 2 de diciembre, fecha en la que tendrá que rendir cuentas ante la militancia. “El equipo de Colau cerrará filas tras el fiasco del agua, pero deberá dar explicaciones porque, sin duda, supone un importante revés para el programa de los comunes”, explican fuentes de Catalunya en Comú. Aseguran que los distintos sectores de esta confluencia van a estar muy atentos a los siguientes pasos. “La presión aumentará, llevamos una etapa con grandes sobresaltos, dimisiones y enfrentamientos internos. Lo que menos necesitamos ahora es un golpe de estas características”, añaden.