La competencia entre empresas rivales llega en ocasiones al terreno de la descalificación directa, aunque se produzca en contadas ocasiones por sus efectos colaterales y negativos que acarrean. Lo que es inusual es lo ocurrido con la multinacional Acciona, que emplea a una técnica empeñada en desacreditar en público a su principal competidor, Agbar. El grupo se ha visto en la obligación de negar relación alguna con los ataques que su técnica de la división de agua Susanna Abella ha lanzado contra su rival en el mercado desde una organización de corte social en la que milita.
Abella ha cargado las tintas las últimas semanas ante la proximidad de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que determinará la legalidad de la empresa mixta que suministra agua en el área metropolitana barcelonesa. La sociedad está participada en un 70% por Agbar y el resto queda en manos de Criteria Caixacorp (15%) y de la institución que reúne a varios ayuntamientos metropolitanos AMB (15%).
Vínculos con una ONG de los Comunes
Abella acusa a Agbar de estafar a la ciudadanía y de encargarse de un servicio de forma ilegal antes de dar forma a Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l’Aigua durante el mandato del alcalde nacionalista Xavier Trias. Mantiene que la próxima resolución judicial es la mejor ventana de oportunidad para aplicar la gestión pública del servicio. Suscribe de este modo la totalidad de las tesis de Aigua és Vida, movimiento impulsado por el actual vicepresidente de Medio Ambiente en el AMB y lugarteniente de la alcaldesa Ada Colau, Eloi Badia. Lo hace incluso en vídeos en los que señala como estafadores a los actuales prestadores del servicio.
“La señora Abella es trabajadora del grupo”, reconocen desde la multinacional de la familia Entrecanales. Pero, aceptada esa premisa, las mismas fuentes rechazan ninguna relación con las graves acusaciones que ha vertido contra la compañía competidora. De hecho, y para minimizar las arremetidas, aseguran que se trata de “una empleada más” en Cataluña y alegan desconocer su activismo en el movimiento a favor de la remunicipalización de estos servicios que tiene como máximo altavoz la asociación Aigua és Vida.
Financiación de Aigua és Vida
Abella nunca ha vertido este tipo de críticas respecto de la empresa de cuya plantilla forma parte, a pesar de que su actividad está en el mismo ámbito y compite de manera directa con Agbar. En Cataluña, entre otras funciones desempeñadas por esta profesional, Abella ejerció de persona de contacto entre Acciona y el Ayuntamiento de Ulldecona (Tarragona) cuando la cotizada madrileña tomó el control de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) del municipio.
A preguntas de este medio, Acciona intenta desvincularse de su técnica de la división de agua. Sin embargo, la implicación de la empleada en la operación mediática contra la empresa encargada del suministro de agua en el área metropolitana de Barcelona es innegable, según documentos que ha podido contrastar este medio. La campaña está orquestada desde el citado movimiento (la matriz es Enginyers sense Fronteres, también vinculada a Badia). Estas organizaciones favorables a la remunicipalización del suministro y servicio de agua se mantienen también gracias a las aportaciones de privados cuyos nombres no han sido jamás revelados y que completan las cuantiosas subvenciones públicas obtenidas. Fondos públicos procedentes en especial del propio Ayuntamiento de Barcelona durante el primer mandato del Gobierno de Ada Colau.
Críticas a Agbar
En un reciente artículo publicado en un digital de la órbita de Barcelona en Comú, Abella también acusa a Agbar de ser la principal culpable de que la multiconsulta que quiso promover la alcaldesa en 2016 no llegase a buen puerto. Según su tesis (coincidente con la de Aigua és Vida), la empresa barcelonesa propiedad de la francesa Suez es la promotora de los cinco recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para frenar esa especie de referéndum ciudadano.
El tribunal ha anulado este noviembre el Reglamento de Participación Ciudadana de Barcelona promovido hace tres años por los errores en su redactado y tramitación. Considera probado que choca con la normativa estatal y que su articulado sufrió modificaciones sustanciales después de su publicación sin la suficiente transparencia por parte del equipo de gobierno de Colau. Es decir, que no pasó por un proceso de exposición pública.
Con todo, la consulta popular nunca llegó a consumarse porque los Comunes no recabaron los apoyos políticos necesarios en el pleno municipal de Barcelona. De nuevo, la ingeniera considera que la “mano negra” que está detrás de esta situación es la empresa competidora de la suya. En esos pronunciamientos, Abella nunca hace constar que es empleada de Acciona.
Pugna entre Acciona y Agbar
La compañía de la familia Entrecanales ha mantenido durante años un contencioso contra Agbar por el control de Aigües Ter Llobregat (ATLL). La justicia acabó fallando a favor de las tesis de Agbar, que denunció por irregular el sistema empleado para adjudicar esta gestora de agua a Acciona.
El resultado final es que ATLL se encuentra ahora en manos de la Generalitat, como antes de la irregular concesión. Acciona, por su parte, es una de las empresas que denunció fallos en la creación de la empresa mixta metropolitana. También hicieron lo propio Aguas de Valencia y Aqualia (FCC). Aquellas denuncias se cursaron durante la creación de la nueva compañía de capital público (AMB) y privado (Agbar y Criteria Caixa Corp) que Abella desacredita y sobre la que la empresa en la que presta sus servicios mantiene denuncias que se resolverán en breve, según fuentes judiciales.