El Gobierno de Andorra --Demòcrates, Liberals y Ciutadans Compromesos-- ha dado esta semana el disparo de salida a un proyecto de ley que tiene como objetivo ordenar posible quiebras de bancos del país. La norma de Recuperación y Resolución de Entidades Bancarias y Empresas de Inversión busca minimizar el impacto negativo de una nueva posible quiebra de un grupo y blindar lo máximo posible la actividad.
Tras el caso BPA (y un cambio de Ejecutivo), se ha llegado a la conclusión de que se debe contar con un sistema que posibilite un proceso de resolución ordenado sin que se deba interrumpir el sistema. Todo ello, con el fin de blindar la economía del país inmersa en un proceso de cambio.
Pérdida de paraíso fiscal
El Principado perdió su condición de paraíso fiscal y se abrió al intercambio de información automática con el resto de la Unión Europea a cambio de unirse al Acuerdo Monetario comunitario. Este paso lastró la principal actividad de un territorio cada vez más dependiente del turismo. Hecho que requiere una adaptación que está en curso.
La oficina más importante de Vall Banc en Andorra / VALL BANC
El texto legislativo que ha presentado el ministro portavoz, Eric Jover, mantiene que se debe proteger a los que cuentan con fondos avalados por el sistema de garantías y enfocar los recursos públicos a inversiones que garanticen la estabilidad.
Derogar la ‘ley BPA’
La futura ley implicará derogar la norma que el anterior Ejecutivo aprobó en 2015 con prisas para tomar el control y liquidar BPA. La resolución de este grupo aún no ha terminado y no se espera que ocurra en el corto plazo, ya que existen causas judiciales abiertas tanto en los tribunales del Principado como de EEUU por las decisiones que se tomaron en ese momento. En cierta medida, el proyecto que se ha iniciado implica corregir los errores que se realizaron en esta resolución.
El Gobierno de Andorra inicia ahora la tramitación parlamentaria, aunque la actual mayoría actual le garantiza que llegará a buen puerto. Jover ha avanzado que su implementación será transitoria, ya que implicará que los actuales grupos financieros del país adapten sus reglamentos a las nuevas exigencias.
También se remarca que los cambios se han pactado tanto con la patronal del sector, Andorran Banking, como con el regulador financiero (AFA) del país.