Los funcionarios y personal laboral de la Generalitat han recibido este sábado, con la retribución de la nómina de octubre, la devolución de parte de la paga extra de 2013. El Gobierno catalán es la última Administración en revertir una medida que se tomó en el momento más duro de la crisis, y lo hizo tras una oleada de protestas y huelgas de la función pública a finales de 2018.
En diciembre del año pasado, se alcanzó un acuerdo en que el equipo liderado por Quim Torra fijó junto a los sindicatos un calendario para reintegrar las retribuciones pendientes de 2013 y 2014 y se comprometía a cumplirlo. Algo muy importante para CCOO y UGT, mayoritarios en la mesa de la función pública, tras los reiterados incumplimientos de los últimos años en esta materia por parte del Ejecutivo.
Seis años de retribución congelada
La devolución se inició en marzo, cuando se abonó un primer tramo del 10% de la paga de 2013 a los funcionarios. El personal laboral se quedó al margen de este reembolso porque una sentencia judicial de marzo de 2017 ya obligó al Gobierno catalán a hacer lo propio.
Los trabajadores han tenido que esperar siete meses más para recibir otro porcentaje de una retribución que lleva seis años congelada. Torra se comprometió a liberar otro 30% de las nóminas a lo largo de 2019 y no se ha hecho hasta este octubre.
¿Movimiento electoralista?
El calendario actual, en plena precampaña para el 10N, ha propiciado críticas a JxCat y ERC. Los trabajadores aplauden que el Govern haya dado finalmente el paso “aunque sea por un movimiento electoralista”, tal y como indican fuentes sindicales en referencia al poder la función pública en las urnas. Fuentes de la Generalitat niegan este extremo y aseguran que se han limitado a cumplir con el pacto alcanzado.
Funcionarios protestan ante el Parlament para exigir el retorno de la paga extra / CG
Faltan años para que reviertan los recortes que aún soportan los trabajadores públicos en Cataluña. El grueso de la paga de 2013, el 60%, se abonará “a lo largo de 2020”, tal y como recuerda UGT en una circular mandada a los empleados del Govern. La gran lucha del sindicato es que se fije la fecha en el que se debe ejecutar el movimiento económico y no se deje al libre albedrío del Ejecutivo para evitar nuevos incumplimientos y retrasos.
Reintegros hasta 2022
En 2021 se pagará el 55% de la paga de 2014 y el 50% de las compensaciones por productividad, la llamada bufanda en la Generalitat, que tampoco cuentan con un calendario definido. Un año más tarde, en 2022, se devengará el 45% restante y se deberán recuperar las mejoras al 100% para los empleados que cumplan con los objetivos que se fijen en sus departamentos.
Los sindicatos más representativos de la función pública aseguran que esta reparación no pondrá el punto y final a sus reivindicaciones. Señalan que el Govern tiene pendiente subir el 0,25% de los salarios y abordar la negociación de las medidas sociales que también se recortaron durante la crisis.
Medidas sociales recortadas
Es decir, la recuperación del llamado Fondo de Acción Social (FAS) y del programa de pensiones de la función pública que se eliminaron para dar aire a las finanzas catalanas. Tanto el Gobierno de Puigdemont como el de Torra se han resistido a debatir con los representantes de los trabajadores una fórmula para que se vuelvan a aplicar.
El gran temor de los empleados públicos es que un nuevo adelanto electoral en Cataluña retrase esta negociación por enésima vez. Por ahora, el Ejecutivo no ha dado señales de que quiera iniciar el diálogo.